El alto comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein advirtió el lunes eventuales "crímenes contra la humanidad" por parte del régimen.
Sus palabras tuvieron hoy una dura réplica de Caracas, Cuba y Ecuador.
El comisionado de derechos humanos pidió una investigación internacional independiente para dilucidar lo ocurrido en la represión de las protestas.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se mostró dividido este martes entre aquellos países que condenan las graves violaciones a las libertades fundamentales en Venezuela y los que criticaron la supuesta injerencia del organismo en los asuntos internos del país.
El alto comisionado ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, presentó el lunes, en la apertura de la 36ª sesión ordinaria del Consejo, su informe general sobre la situación de las libertades fundamentales en el mundo, y puso énfasis especial en la crisis venezolana, donde afirmó que la represión de las recientes protestas antigubernamentales podría constituir "crímenes contra la humanidad", por lo que pidió una investigación internacional independiente para dilucidar lo ocurrido.
Responde Caracas
Las afirmaciones de Al Hussein fueron rechazadas con vehemencia por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, quien ayer mismo habló ante el pleno del Consejo y lo acusó de "mentir".
Hoy derechamente la sala se dividió entre los que defendieron al jordano y los resultados de su pesquisa, y aquéllos que se cuadraron con Caracas.
El más virulento fue el embajador venezolano, Jorge Valero, quien censuró "el comportamiento selectivo, parcializado y politizado del alto comisionado", a quien acusó de actuar "al servicio" de Estados Unidos.
Lo apoyaron explícitamente Cuba, Ecuador y Egipto, así como el Grupo de Países de Similares Opiniones y el grupo de las Naciones No Alineadas.
"Llamamos al cese de toda intervención en los asuntos internos y al fin del doble rasero", demandó Cuba, mientras Ecuador planteó que "la crisis debe ser resuelta sin interferencias externas".
EE.UU. llama a "restablecer la democracia"
En su turno de intervención, Estados Unidos denunció "la escalada de las violaciones de los derechos humanos" y llamó al Gobierno de Nicolás Maduro a que "restablezca la democracia y libere inmediatamente y sin condiciones a todos los presos políticos".
Estados Unidos apoyó la declaración de agosto del Grupo de Lima, cuyo representante, Paraguay, denunció que la situación en Venezuela se ha agravado en las últimas semanas "con la decisión de perseguir a los opositores que han compartido sus quejas con la comunidad internacional".
"El Estado venezolano transgrede las normas constitucionales, la voluntad del pueblo y los valores interamericanos, reprime el disenso político y atemoriza a la población", dijo el representante paraguayo, que habló en nombre del grupo.
La Unión Europea consideró que "la crisis multidimensional" en Venezuela se está profundizando y exigió la liberación de los presos políticos. El embajador español, Cristóbal González-Aller, añadió que cualquier solución a la crisis debe ser "pacífica, democrática y negociada, y debe incluir el fin de la violencia y el respeto a la manifestación pacífica".
Los países críticos con el comportamiento del Gobierno venezolano pueden intentar reunir durante los próximos días los apoyos necesarios para aprobar una resolución en la que mostrar su preocupación y, tal vez, su condena a la situación en la nación.
Comisión Internacional de Juristas critica al Poder Judicial
Por otra parte, la Comisión Internacional de Juristas denunció hoy que "la Corte Suprema de Justicia de Venezuela ha dejado de actuar como una corte independiente que aplica la ley y el orden y se ha convertido en un brazo de un Ejecutivo autoritario".
En un informe, añadió que el tribunal "ha decidido en función de consideraciones políticas e ideológicas y lealtades partidarias hacia el poder Ejecutivo".
