El abogado del opositor venezolano Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, presentó una solicitud a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya para que investigue a ocho altos cargos del gobierno de Venezuela, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, por crímenes de lesa humanidad.
El informe presentado incluye "evidencias" de una treintena de homicidios, más de 400 torturas, 3.700 detenciones ilegales, 800 heridos y 2.000 juicios contra manifestantes pacíficos, registrados desde febrero de 2014 hasta la actualidad, según detalló el abogado del opositor venezolano junto al político venezolano Carlos Vecchio en una conferencia de prensa en Madrid.
Vecchio, número dos del partido de Leopoldo López, explicó que han decidido dirigirse a la justicia internacional dado que en Venezuela "no existe la posibilidad de tener justicia" y el sistema judicial es una "herramienta de persecución" del Estado.
La violación de los derechos humanos en Venezuela "no es coyuntural" sino "estructural", y tiene por objetivo "silenciar" cualquier voz crítica contra los intereses del Gobierno, y "neutralizar" cualquier iniciativa de "cambio democrático", declaró el abogado Gutiérrez, que también defiende al ex alcalde opositor Daniel Ceballos.
El informe, cuyas pruebas son "muy contundentes", se presenta también con "urgencia" de cara a las elecciones venezolanas del 6 de diciembre, una cita para la que "todas" las encuestas dan como ganador a la oposición.
Los hechos que denuncia el informe no sólo afectan a políticos, sino también "a estudiantes y periodistas" explicó el político exiliado, que agradeció a los medios españoles su solidaridad y que se hayan convertido "en una ventana de libertad" para denunciar su situación.
El abogado Juan Carlos Gutiérrez no ha querido develar ni el nombre de las víctimas a las que representa, ni los datos de los ocho altos funcionarios del gobierno venezolano contra los que se presenta el informe por "razones de estrategia", pero sí ha indicado que el presidente Nicolás Maduro es "la figura central".
Según su experiencia, no hay un tiempo específico para que la Fiscalía de la CPI responda y es necesario esperar a ver si la resuelve de manera conjunta o separada con el resto de denuncias contra Venezuela presentadas.
La Fiscalía de la CPI cuenta actualmente con otras dos peticiones de investigación, una de ellas interpuesta por diputados de Argentina, Bolivia y Perú, también por crímenes de lesa humanidad, y otra presentada por Colombia, por las deportaciones masivas con motivo de la crisis fronteriza que mantiene ambos países.