La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega consideró este sábado que la ayuda internacional va a ser "determinante" para la "liberación" de su país y que se puedan restituir los derechos humanos.
"Sin la presión internacional no sé que estaría pasando en este momento", dijo Ortega en una conferencia de prensa en Madrid, tras regresar de La Haya, donde amplió la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el Gobierno de Nicolás Maduro, por "masacrar" al grupo del ex agente Óscar Pérez el pasado mes de enero.
Ortega, destituida en agosto del año pasado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), afirmó que el presidente Nicolás Maduro y su gobierno "nunca van a entregar el poder" porque "quieren perpetuarse", por lo que considera fundamental la unión y la cohesión de todos los opositores, así como la denuncia de las actuaciones contra los derechos humanos.
En este sentido, la ex fiscal general justificó la ampliación de su denuncia presentada el pasado 16 de noviembre ante la Corte Penal Internacional (CPI) "porque en Venezuela continúan las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos".
"Tengo el temor de que eso se profundice y se mantenga en el tiempo", dijo, por lo que pidió medidas urgentes "para frenar esos atropellos y agresiones desmedidas ante la población".
Respecto a la querella presentada la pasada jornada en la CPI contra el presidente Nicolás Maduro y dos altos funcionarios de su Gobierno por la muerte del ex agente Óscar Pérez, insistió en que "fue una masacre", "hubo ejecuciones", por lo que pidió "la privativa de libertad" contra ellos.
Ortega explicó que reunió para la CPI 1.693 "elementos probatorios" contra el Gobierno de Venezuela por violación de los Derechos Humanos de manera sistemática y continua y citó como ejemplo las directivas que consideran que la seguridad del Estado corresponde al Ejército, o sentencias del Tribunal Supremo que, en su opinión, indican que no hay justicia en Venezuela.
"En Venezuela no hay separación de poderes"
Ortega, que ejerció como fiscal general de Venezuela desde diciembre de 2007 hasta agosto de 2017, defendió su actuación como "servidora pública" e insistió en que, desde su puesto, denunció ya en 2010 atropellos del Gobierno contra los ciudadanos.
La ex fiscal añadió que "en los últimos años fui una fuerte cuestionadora de las políticas del Gobierno sobre seguridad ciudadana", por considerar que violaban los derechos humanos.
Al ser preguntada por las afirmaciones del viernes del vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, pidiendo a la Justicia solicitar una orden de captura internacional contra ella, respondió que "confirma lo que digo, en Venezuela no hay separación de poderes, no hay democracia, (...) se persigue al pensamiento opositor".
"Si son tan valientes, que ellos mismos vayan a Interpol. Yo los espero. A ver quiénes van a ser los aprehendidos", afirmó.