El Partido Comunista de Venezuela (PCV) responsabilizó este sábado al presidente Nicolás Maduro por la intervención judicial a la formación, dictada el viernes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que nombró una junta directiva ad hoc para que organice nuevas elecciones internas.
"Denunciamos (...) que el Gobierno de Maduro ha consumado el asalto contra el PCV a través de una arbitraria sentencia judicial que avala la imposición de una directiva compuesta por mercenarios al servicio de la cúpula que dirige el (partido gobernante) Partido Socialista Unido de Venezuela", dice un comunicado de la organización.
Los comunistas, que adelantaron que no se doblegarán ante esta medida, aseguran que el TSJ incurrió en un "error inexcusable al admitir" el amparo constitucional introducido, "de manera extemporánea", el pasado 10 de julio por un grupo que alega que la junta directiva actual es ilegal.
Ese grupo, prosigue el escrito, está conformado por "ciudadanos que no militan" en el partido y, por tanto, "no cuentan con cualidad jurídica alguna para actuar en nombre" del PCV.
"Este fraude procesal, que violenta los derechos políticos del PCV y del pueblo trabajador venezolano, no solo crea un grave precedente en la historia política y jurídica del país, sino que deja al descubierto el carácter autoritario, antidemocrático y reaccionario del Gobierno y del PSUV", sostienen los comunistas.
La dirección del partido está "evaluando las acciones jurídicas y políticas, nacionales e internacionales," para "seguir luchando por el reagrupamiento de las fuerzas políticas, sociales, obreras, campesinas y populares para conquistar una salida revolucionaria a la crisis capitalista venezolana", concluye el comunicado.
El Supremo designó como presidente de la nueva junta directiva a Henry Parra, quien se ha identificado como dirigente nacional de la formación e introdujo este amparo constitucional.
El PCV es la formación más antigua del país y acompañó al chavismo en su ascenso al poder en 1999, tras lo cual mantuvo una cercanía con el Gobierno que se rompió en la última década, cuando se volvió crítico de Maduro.
Los dirigentes comunistas habían alertado en reiteradas ocasiones de un "plan para asaltar e intervenir el PCV", por lo que, a finales del mes pasado, más de 300 políticos, activistas y sindicalistas de varios países firmaron una petición en la que solicitaban al Ejecutivo que se evitara "la judicialización" de esta organización.