Entidades declararon que la expulsión de los relatores desacredita a este tipo de instituciones.
Recalcaron que HRW no es financiada por Estados Unidos, como declaró Chávez.
En un comunicado firmado por cerca de 25 organizaciones pro Derechos Humanos de América, se solicitó el regreso de Human Rights Watch a territorio venezolano, luego de que sus relatores, el chileno José Miguel Vivanco y el estadounidense Daniel Wilkinson, fueran expulsados el 19 de septiembre.
Diversas colectividades de la región, declararon que la medida tomada por la administración de Chávez "debilita la acción de los defensores, interfiere en el desarrollo de sus funciones y desacredita de manera infundada la reputación de estas instituciones".
Una de las entidades que firmó la declaración fue el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), encargado de asegurar la implementación de las normas de DD.HH. en los estados pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las organizaciones aseguraron que HRW no es financiada por Estados Unidos, como declaró Chávez, y que por lo mismo Venezuela debe garantizar que "las personas comprometidas que protegen los derechos fundamentales puedan desarrollar sus actividades con independencia y libertad”.
