Los Gobiernos de Brasil y Colombia expresaron este martes su "profunda preocupación" por la orden de detención emitida por la Justicia de Venezuela contra el abanderado de la mayoría opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia.
"Esta medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el Gobierno venezolano bajo los Acuerdos de Barbados, en los que gobierno y oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia", aseguraron los dos gobiernos en un comunicado conjunto.
Los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, han intentado mediar en la crisis que Venezuela mantiene desde las elecciones del pasado 28 de julio. Ninguno de los dos países ha reconocido aún la victoria de Maduro, apostando a pedir que se publiquen las actas electorales.
En este nuevo comunicado conjunto no hacen tampoco referencia a ningún ganador, pero es un paso más de presión a Maduro que viene de dos de sus aliados sudamericanos, quienes consideran que la orden de arresto contra González Urrutia "dificulta encontrar una solución pacífica, basada en el diálogo entre las principales fuerzas políticas venezolanas".
GONZÁLEZ URRUTIA DESCARTA PEDIR ASILO
Asimismo, el abogado de Edmundo González Urrutia, José Vicente Haro, aseguró que "en modo alguno hay solicitud de asilo hacia alguna embajada acreditada en Venezuela. No se ha pedido el asilo, (ni) una situación en calidad de huésped. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo".
Reiteró que, "por razones de seguridad y protección de su vida", el líder antichavista "no se encuentra" en su casa y se mantiene bajo resguardo, como ha estado en las últimas semanas, debido a las amenazas de cárcel que pesaban sobre él desde que denunciara fraude en las elecciones presidenciales.
Haro aseguró que la esposa del excandidato presidencial, Mercedes de González, se mantendrá en la residencia para atender a las autoridades, en caso de que vayan a buscar a su marido o si se llegase a dictar una orden de allanamiento a la vivienda.
"Se acatará y se le permitirá el acceso debido a los funcionarios del (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) Cicpc y funcionarios del Ministerio Público (Fiscalía) que le acompañen", subrayó.
Anteriormente, en declaraciones a la radio colombiana W, el abogado remarcó que "no hay ley penal alguna" o "disposición legal" ni "nada en lo absoluto que revista como un hecho de carácter penal el subir actas de escrutinio", en alusión a los datos publicados por la PUD en una página web, los cuales, según el antichavismo, demuestran la victoria de González Urrutia por un amplio margen en los comicios.
Es "una excusa para hacer una persecución política contra él que por demás es injusta, arbitraria y que tiene como objetivo neutralizarlo y que siga declarando públicamente", consideró.
La Fiscalía señala a González Urrutia de "usurpación de funciones", "forjamiento de documento público", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)".
