La detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien este miércoles cumple cinco días privada de libertad, encendió las alarmas de la comunidad internacional y de organizaciones defensoras de derechos humanos que condenan la acción y exigen la liberación de la también abogada.
En las últimas horas, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, así como cientos de ONG locales, manifestaron su preocupación por la detención de San Miguel, a quien la Fiscalía vincula "presuntamente" con una trama conspirativa.
Un pronunciamiento similar vino del Gobierno de Estados Unidos, que dijo estar "profundamente preocupado" por la detención de la activista y urgió al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a cumplir con los acuerdos para mejorar la democracia en el país.
La activista fue detenida el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en Caracas, pero su arresto fue confirmado por el fiscal general, Tarek William Saab, el domingo, día hasta el cual no se conoció su paradero, por lo que su defensa calificó su estado como "desaparición forzosa".
San Miguel fue presentada este lunes ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo, junto a cinco personas más, entre ellos, dos hermanos, su hija, el padre de esta, y una expareja, todos reportados como "desaparecidos" por sus abogados.
El jurista José González Taguaruco, parte del equipo de defensa de la también abogada, informó ayer que Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos, y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda, fueron excarcelados con "prohibición de salida del país" y "de declarar a los medios".
En cambio, confirmó la privativa de libertad contra la defensora de derechos humanos y contra Alejandro José González Canales, expareja de la activista.
Según informó el fiscal general, tanto San Miguel como sus allegados están "presuntamente involucrados" en la trama conspirativa denominada "brazalete blanco", cuyo objetivo era atentar contra el mandatario venezolano y otras autoridades del Estado.
Está previsto que este miércoles, un grupo de representantes de ONG y de la sociedad civil se concentren en el este de Caracas para exigir la liberación de San Miguel y el respeto a sus derechos.
