La alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, informó al organismo multilateral sobre "graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela".
En el documento disponible en el sitio oficial de la comisionada, ohchr.org, se explicita que "el gobierno (de Nicolás Maduro) se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas".
"Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social. Las recientes sanciones económicas están agravando la crisis económica, lo que en último término aumentará el impacto negativo en el disfrute por la población de los derechos económicos y sociales", enfatiza.
Además, la ex presidenta de Chile relata que "durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del Poder Judicial".
"Aunque estas medidas se han adoptado con la finalidad declarada de preservar el orden público y la seguridad nacional contra presuntas amenazas internas y externas, han aumentado la militarización de las instituciones del Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa", agrega.
Así, el documento concluye que "todo ello ha permitido al gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos".
"Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas. Esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir persecución por motivos políticos. Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual", sentencia.
"Miles de muertos, ejecuciones extrajudiciales"
"Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido asesinadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES", expresa terminante.
Por ello, "al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de control social. Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición".
Asimismo, "los pueblos indígenas venezolanos son objeto de graves violaciones de sus derechos individuales y colectivos. Al ACNUDH le preocupan especialmente los informes de amenazas y actos de violencia contra autoridades y dirigentes indígenas y la represión selectiva de los/as pemones que se oponen al gobierno. Se necesita más investigación sobre los derechos de los pueblos indígenas, con especial atención a la represión de los pueblos indígenas y las violaciones a sus derechos colectivos a la tierra, los territorios y los recursos".
También "el Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación".
"La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas. Al ACNUDH le preocupa que, de no mejorar la situación, siga aumentando el éxodo sin precedentes de personas migrantes y refugiadas venezolanas y que las condiciones de las personas que permanecen en el país empeoren", concluye.
