Una auditoría al Senado detectó pagos en exceso a 53 personas -42 funcionarios vigentes y 11 que ya están retirados, de las categorías más altas del servicio-, por un monto total de 208.913.576 pesos, entre enero de 2017 y febrero de 2020.
El documento, presentado el 26 de agosto pasado ante la Comisión de Régimen Interno de la Cámara Alta, describe un mecanismo destinado a compensar a empleados de alto rango la suma que debían pagar por concepto de impuesto a la renta, según reveló este martes el diario El Mercurio.
El análisis, hecho por el Departamento de Finanzas y la Unidad de Auditoría Interna del Senado, reflejó "el problema que causó el pago en exceso, tanto en sueldos líquidos como de impuesto a la renta, de 42 funcionarios", motivado por "la sobrestimación del complemento de jornada bruto por la no actualización de la tabla de impuestos por la que se estimaba".
"En la práctica, para evitar una merma en el sueldo líquido de 42 funcionarios, se estableció un pago adicional para cubrir los tributos, lo que les permitir la remuneración completa fuera de impuestos. La dificultad estuvo en que se sobrestimó el impuesto, por lo que se produjo un margen a favor", explicó el texto.
Ante esta situación, afirmó el documento, se instruyó "un sumario administrativo para determinar y/o descartar responsabilidades administrativas. Y se elevó una propuesta de modificación al reglamento de personal, para entregar al jefe de servicio la facultad de otorgar, por razones fundadas, facilidades de pago para el reintegro de pagos percibidos en el exceso".
Sueldos creados por acuerdos "sin cumplir formalidades"
Más allá de la cifra, el detalle de los hallazgos también alertó respecto de que 21 de las 28 metas para el incentivo institucional son replicadas para configurar el total de las "metas colectivas de la corporación".
"Esto tergiversa el objetivo pretendido por la Ley 19.533 de crear dos incentivos relacionados, pero distintos entre sí y que además poseen porcentajes diferentes de incremento remuneracional", advirtió la auditoría.
"Es común observar, en los servicios o instituciones afectas a los incentivos de la Ley 19.533, que algunas de las metas colectivas están relacionadas con las metas institucionales, pero en ningún caso ello implica que puedan estar idénticamente establecidas como ocurre en nuestra corporación", añadió.
Esas complejidades se reflejarían en el "sustento legal de remuneraciones creadas por acuerdos de Régimen Interior, sin cumplir formalidades, respecto de los cuales se propone un mecanismo de regularización, a partir de dos estudios en derecho solicitados".
Por estas razones, el Departamento de Finanzas y la Unidad de Auditoría Interna del Senado "recomienda que exista una regularización de todos los haberes que no están respaldados legalmente".
"Estamos conociendo los resultados y contrastándolos con los funcionarios para ver qué acción seguir", dijo la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, citada por El Mercurio.
"Es una auditoría que se realizó durante la presidencia del senador Quintana y recién ahora se están dando a conocer los resultados, las distintas conclusiones que se sacaron", expuso la autoridad.
