El dictador no recibió el informe donde Carabineros culpaba a militares por el hecho.
El encubrimiento se inició en la Posta Central, indican los documentos.
El entonces ministro de Justicia, Hugo Rosende, presionó a los jueces para frenar la investigación.
Augusto Pinochet fue el principal encubridor del "caso Quemados", como indican cinco cables confidenciales que publicará este viernes el National Security Archive del gobierno de Estados Unidos.
Como consignó El País y de acuerdo a la investigación de la Universidad de Georgetown, Pinochet en persona ordenó que se frenaran las pesquisas para determinar las responsabilidades en los hechos ocurridos el 2 de julio de 1986, cuando patrullas militares quemaron a dos jóvenes, causando la muerte de Rodrigo Rojas de Negri y heridas graves en Carmen Gloria Quintana.
Peter Kornbluh, responsable de la investigación explicó que "los abundantes detalles de los documentos desclasificados podrían servir de apoyo a la acusación (...) Los documentos vinculan a Pinochet con el encubrimiento de un crimen de cuya autoría militar no caben dudas".
De acuerdo a los archivos, las maniobras para ocultar los hechos se iniciaron en el mismo servicio de urgencias donde fueron tratados los jóvenes.
En un primer cable enviado desde la embajada en Chile al Departamento de Estado estadounidense el 8 de julio, dos días después del hecho, se dice que el joven fue "quemado de forma deliberada por soldados".
"Médicos en la Posta Central (el hospital público de urgencias) afirman que el director de la Posta obstruyó el traslado de Rojas a una clínica mejor equipada para tratarlo", se indica en el texto.
El director médico de la Posta Central, identificado como el doctor Guzmán, "escribió una nota en el historial médico (de Rojas) ordenando que no recibiera visitas debido a los problemas legales de su caso y de Quintana, y que tampoco debía ser trasladado", continúa el documento.
En un segundo documento, remitido a la Casa Blanca con fecha 14 de julio, se advierte que aunque existe una clara responsabilidad del Ejército, "el Gobierno chileno, siguiendo directivas de Pinochet, está tratando de tachar públicamente como terroristas a Rojas y a Quintana, que habrían sido víctimas de sus propios cócteles molotov".
"No es probable que Pinochet vaya a permitir que se juzgue a soldados, ni siquiera si un investigador oficial los señalara como los culpables. Si se desbarata la defensa del cóctel molotov, deberíamos esperar otras explicaciones, como que responsabilicen a comandos comunistas", señala el escrito.
Pinochet rechazó informe de Carabineros
El 22 de julio llegó otro recuento desde Santiago al Departamento de Estado en Washington, donde se explica que el informe final de Carabineros "indica claramente que los miembros de una unidad militar chilena de patrulla estuvieron involucrados en la quema de los dos jóvenes", aunque sólo se identifica a uno de los responsables con nombre.
El director general de Carabineros de la época, Rodolfo Stange, le entregó el informe el 11 de julio a Pinochet. "El presidente Pinochet le dijo al general Stange que no creía el informe y se negó a recibir el documento del general Stange", describe el cable.
Un mes después, el 27 de agosto, la inteligencia militar estadounidense afirma que el Gobierno "ha cambiado varias veces su versión sobre su implicación en la quema y posterior muerte de Rodrigo Rojas y aparentemente ha emprendido una campaña de intimidación para presionar a los testigos".
"Algunos miembros del Gobierno probablemente seguirán intimidando a los testigos para convencerles para que cambien su testimonio, con el objetivo de liberar al régimen de responsabilidad alguna del crimen", precisan.
El último cable publicado data del 18 de diciembre y está firmado por la CIA, donde se cita a abogados relacionados con el caso, según los cuales "el ministro de Justicia, Hugo Rosende Subiabre, está ejerciendo presión sobre el fiscal del Estado y los jueces para atascar y finalmente desestimar el caso por falta de pruebas".
Estos documentos exponen detalles de "un caso crucial en la historia de violaciones de derechos humanos en Chile y, también, en las relaciones entre el régimen de Pinochet y Estados Unidos", precisó Kornbluh, añadiendo que este caso supuso la ruptura definitiva de Washington con la dictadura y el inicio de las presiones de Ronald Reagan a favor del regreso de la democracia en Chile.
