Luego de que la Corte Suprema decretara que es el Fisco y no la familia de Augusto Pinochet Ugarte el destinatario del patrimonio de más de 13 millones de dólares del fallecido dictador incautados durante la investigación del "caso Riggs", lo que sigue ahora es definir qué será objeto del proceso de remate a través de la Dirección General del Crédito Prendario, también conocido como la "Tía Rica".
Fuentes conocedoras de este caso, citados por el diario La Tercera, indicaron que aún no se establece con certeza la dimensión de los bienes que deberán ser entregados al Estado.
Sucede que si bien el máximo tribunal determinó devolver la totalidad de los dineros contenidos en las cuentas hasta ahora congeladas, en los próximos días los ministros se reunirán para revisar si la totalidad de los inmuebles embargados fueron adquiridos directamente con dineros de la malversación o existen algunos que hayan sido comprados con otros fondos.
Una vez que quede ejecutoriado el fallo, señala el rotativo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) tiene que ir a un Juzgado Civil y pedir que se inscriban los bienes comisados a nombre del Fisco.
Así, cuando se haga el traspaso legal ante los Conservadores de Bienes Raíces de cada ciudad en que se encuentren las propiedades, se procederá a realizar los remates de las ex casas de Pinochet a través de la Dirección General del Crédito Prendario.
Todo empezó por casualidad
Pero, ¿cómo es que los bienes de Pinochet terminarán siendo rematados por la "Tía Rica"?
Todo comenzó el 14 de julio de 2004, por casualidad, cuando el subcomité permanente de investigación del Senado de Estados Unidos descubrió movimientos bancarios sospechosos en el Banco Riggs de Washington, recuerda el matutino.
Los legisladores de EE.UU. perseguían rastros de financiamiento del terrorismo internacional, pero terminaron revelando 125 cuentas secretas que mantenía Pinochet y sus colaboradores, en las que se atesoraban más de 21 millones de dólares.
La apertura de esta indagatoria en términos formales data del 21 de julio de 2004. Al finalizar la tramitación de la causa, un informe de la Universidad de Chile cifró en 21 millones de dólares el patrimonio, de los cuales 17 millones de dólares no se pudo establecer cuál fue su origen.
En 2017, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo dividido, había ordenado devolver los dineros y bienes decomisados a los herederos de Pinochet, sentencia constituyó un revés para el Fisco, pues en marzo de 2015 el ministro Manuel Antonio Valderrama -en primera instancia- había establecido que ese patrimonio debía ser devuelto a las arcas fiscales, pues había sido obtenido mediante conductas ilícitas.
Pero el tribunal de alzada decidió que los bienes podrían seguir en manos de los herederos del fallecido general, consigna La Tercera.
Esta semana se realizaron los alegatos en la Corte Suprema. Por el CDE expuso la consejera María Inés Horvitz, quien cuestionó las absoluciones de la corte capitalina a los oficiales de la Caja Militar que giraban los cheques por orden de Pinochet y aseguró que las acciones en su contra no estaban prescritas, pues se trataba de un delito continuado, cuya última fecha de comisión no superaba el plazo para investigar una malversación.
La abogada puso "especial ímpetu" en impugnar el análisis de segunda instancia respecto del comiso de los bienes de los Pinochet-Hiriart, sosteniendo que "Si bien las penas son personales, el comiso no tiene como fundamento la culpabilidad del condenado, sino la necesidad de evitar el enriquecimiento patrimonial injusto, esto es, sin fundamento jurídico legítimo".
Defensa de Pinochet
La Tercera consigna que al día siguiente de la intervención de Horvitz fue el turno de Fernando Rabat -socio del Estudio Rodríguez, Vergara y Cía.-, quien alegó en representación de Lucía Hiriart, la viuda de Pinochet.
El abogado planteó ante los supremos que no podía accederse al comiso de dineros y bienes, pues en estricto rigor el fallecido general nunca fue condenado en el "caso Riggs", pues "(...) Pinochet fue sobreseído en esta causa en razón de su muerte (...)".
De acuerdo al diario, Rabat elevó el tono de su alegato e intentó persuadir a la sala: "El general Pinochet no fue emplazado de la acusación fiscal y si no lo fue, entonces la sentencia no lo puede alcanzar, no puede ser condenada ni absuelta una persona si no ha sido emplazado en una acusación fiscal (...), quien ha sido sobreseído en la etapa de sumario no puede ser castigado con una pena", dijo.
El abogado de Hiriart expresó, además, que al extinguirse la responsabilidad penal y no habiendo una sentencia definitiva a su respecto, no puede aplicarse la pena de comiso, pues "solo se puede aplicar a quien es parte del proceso penal", que a su vez para Rabat, solo puede aplicarse al responsable del crimen o simple delito, al dueño de los bienes y no respecto de terceros.
Sobre la viuda y sus hijos, Rabat aseguró que adquirieron los bienes por la sucesión de la muerte de Pinochet, "por el solo ministerio de ley", y no se puede establecer que esos terceros "estén de mala fe".
