En un cuartel de Investigaciones y en sólo siete minutos, Lucía Hiriart desconoció la jurisdicción del magistrado español para investigar la fortuna de su marido.
Lucía Hiriart Rodríguez, esposa de Augusto Pinochet, se negó este miércoles a responder al interrogatorio por exhorto requerido por el juez español Baltasar Garzón, quien investiga los movimientos de dinero efectuados por el ex dictador durante su detención en Londres (1998-2000).
La señora del general en retiro acudió al cuartel central de la Policía de Investigaciones, en pleno centro de Santiago, pero no respondió a las preguntas que le hizo el juez Juan González, a cargo temporalmente del caso Riggs.
Según informaron fuentes judiciales, la diligencia duró unos siete minutos.
Hiriart de Pinochet argumentó que no reconoce jurisdicción a los tribunales españoles, el mismo argumento que esgrimió Oscar Aitken, ex albacea de Pinochet, ante el magistrado, quien debía hacerle las 25 preguntas de Garzón.
El juez español pidió mediante un exhorto que se interrogara al ex jefe militar, a su esposa y a su ex albacea por los traspasos de dinero que hicieron desde el Banco Riggs de EE.UU. a cuentas en el Banco de Chile, mientras existía un embargo internacional de su fortuna decretado por él mismo en 1998.
El interrogatorio a Pinochet, en tanto, fue suspendido el pasado martes por el juez González, quien acogió una petición de la defensa, que argumentó que la causa fue sobreseída en 2005.
Ello obligó al juez Carlos Cerda -a cargo entonces del caso e inhabilitado temporalmente por una recusación de la defensa- a sobreseer el 2 de noviembre de 2005 al ex dictador (1973-1990) respecto de esta acusación.
Las transacciones de fondos que hizo Pinochet están acreditadas en el proceso que investiga el origen de la fortuna del general retirado, que hasta el momento ascendería a 26 millones de dólares.
Pinochet, próximo a cumplir 91 años, en este caso ya fue despojado del fuero que le protege por su condición de ex gobernante y está procesado por fraude tributario y falsificación de pasaportes, mientras el pasado agosto la Corte Suprema aprobó un nuevo desafuero en su contra por el delito de malversación de fondos. (EFE)
