Aunque no hay una versión oficial sobre la resolución, se estima que el máximo tribunal ratificará los sobreseimientos del clan por el delito de malversación de fondos públicos.
La Corte Suprema se reunió este martes para resolver si ratifica o rechaza la anulación del proceso por malversación de fondos públicos contra la familia y colaboradores del fallecido dictador Augusto Pinochet, que la Corte de Apelaciones dictaminó el pasado 26 de octubre.
Según fuentes judiciales, los magistrados de la Sala Penal del máximo tribunal darán a conocer la resolución en los próximos días, pues aún no está redactada.
Aunque hay versiones sobre la ratificación de la sentencia del tribunal de alzada, ningún ministro confirmó la información.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el pasado 26 de octubre los recursos de amparo presentados a favor de Lucía Hiriart, viuda de Pinochet, y de cuatro de sus cinco hijos, así como los de ocho de los 17 colaboradores procesados el pasado 4 de octubre por el juez Carlos Cerda por malversación de fondos públicos.
El abogado querellante en la causa Alfonso Insunza apeló la resolución del tribunal de alzada ante la Suprema.
Los procesamientos fueron dictados por Cerda en el marco del llamado caso Riggs, referido al origen de la fortuna calculada en más de 26 millones de dólares que Pinochet acumuló en cuentas secretas que manejaba en el Riggs Bank de EE.UU. y otras entidades del extranjero.
De esa suma, más de 20 millones de dólares aparecen sin justificación, según el expediente.
La malversación, según la resolución del juez, se habría cometido mediante la desviación a las cuentas de Pinochet de fondos reservados de la Presidencia de la República a través de la Casa Militar, un organismo castrense asesor del dictador.
Al resolver los procesamientos, el magistrado también ordenó el arresto de los imputados, que pasaron dos días en la cárcel, con excepción de Lucía Hiriart, quien se internó en el Hospital Militar, acusando una "descompensación".
En los alegatos, los defensores basaron su argumentación en que tanto la familia de Pinochet como sus colaboradores no pudieron cometer malversación de fondos públicos, porque no eran funcionarios del Estado.
La Corte de Apelaciones también señaló en su fallo que el juez Cerda, al interrogar a los imputados, no les preguntó específicamente por los fondos reservados, los caudales públicos ni sobre el manejo de los mismos.
Según trascendió en esferas judiciales, Cerda podría volver a interrogar a los civiles y militares que procesó con el fin de enmendar los errores que la corte le hizo presente, y, de esta manera, puede volver a procesar a la familia Pinochet y a sus colaboradores. (EFE)
