De esta cifra, "23 están completamente desaparecidos", aseguró la ministra Catalina Parot.
En el resto de los casos hay antecedentes que eventualmente podrían permitir su identificación.
Cuarenta inmuebles fiscales ocupados ilegalmente en la Región Metropolitana no pudieron ser ubicados durante la primera etapa de fiscalización impulsada por el Ministerio de Bienes Nacionales para su recuperación.
La Secretaría de Estado informó en diciembre que un total de 3.353 inmuebles fiscales son ocupados ilegalmente en todo el país, con un avalúo supera los 40 mil millones de pesos. De esta cifra, se dispuso la fiscalización, en las últimas semanas, de 795 propiedades en la Región Metropolitana.
Sin embargo, en concreto sólo "se fiscalizaron 755, porque había 40 inmuebles que realmente fueron inubicales. En 23 de ellos solamente queda el registro de que alguna vez fueron, y que son inmuebles fiscales, pero realmente no sabemos dónde están ni cuales son ni en manos de quién están", explicó la ministra Caralina Parot.
"En el caso de los otros 17 inmuebles tampoco hay mayores antecedentes para poder ubicarlos; necesitamos más tiempo. Hay algunos antecedentes que nos van a permitir llegar a esos inmuebles eventualmente, pero hay 23 están completamente desaparecidos", subrayó la ministra.
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| El Ministerio Bienes Nacionales está llevando a cabo un proceso de fiscalización a nivel nacional. (Foto: UPI) |
La fiscalización del Ministerio constató un notable abandono en la administración de las propiedades inspeccionadas, y que en muchos casos se lucra con dichas propiedades y se perjudica al Fisco, en la medida en que se generan deudas por concepto de insumos básicos y no existe ingreso ni beneficio social alguno.
Debido a esto, se dispuso que este viernes se publique en la página web del Ministerio la licitación de los primeros 20 inmuebles irregulares de la Región Metropolitana que serán puestos a la venta (se encuentran con o sin ocupantes), y a fines de marzo de otras 50 propiedades.
Quienes los compren deberán encargarse del desalojo de los habitantes ilegales, cuyos antecedentes serán puestos a disposición del Consejo de Defensa del Estado.
Haroldo Henríquez, jefe de fiscalización del Ministerio apuntó, en todo caso, a que "la gran mayoría (de los ocupantes) estaba claro de su situación. Muchos de ellos nos dijeron 'pensé que nunca iban a llegar, y ahora que llegaron me voy'".
No obstante, también "hay otros (habitantes) que han sido más difíciles de ubicar, porque muchos de ellos están paseando, están en la playa" o usan estos inmuebles "como segunda vivienda: vivían en otra región y esta propiedad la tenían para los trámites en Santiago. Ahí es un poco más descarado el uso de los inmuebles, pero en general la gente estaba clara de su situación irregular y esperando, digamos, esta oportunidad para irse", dijo Henríquez.
