El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querelló ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago luego de recibir varias denuncias de víctimas de "acciones irregulares" por parte de un equipo de seguridad de la Municipalidad de Providencia en el marco de la fiscalización al comercio ambulante.
Según la jefa de la sede Metropolitana del INDH, Beatriz Contreras, "hemos detectado en los relatos y denuncias que nos han hecho llegar, una serie de prácticas irregulares que podrían llegar a ser constitutivas de detención arbitraria, violencia física y psicológica, sustracción de especies personales e imputación por delitos no cometidos".
Según Contreras, "estas prácticas irregulares estarían siendo ejercidas por estos agentes de seguridad privada en el ejercicio de funciones públicas" y con la autorización del municipio y de Carabineros de Chile, e "incluso con la utilización de recursos municipales".
Una de las querellas es por torturas, mientras que la otra es por apremios ilegítimos.
AChM: Hay que transparentar uso de guardias privados
Desde la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), su presidente, el alcalde Felipe Delpin, hay que transparentar los gatos.
"Yo estoy a favor del fondo pero no de la forma y aquí hay que tener mucho cuidado y cuidado con los guardias que son privados, eso también lo tenemos que transparentar. Eso tiene que quedar claro así", aseguró el también jefe comunal de La Granja.
"Porque la verdad que a nosotros, a todos los alcaldes, nos demandan que actuemos como las grandes comunas cuando no tenemos los millonarios presupuestos que tienen", agregó. En ese sentido, el municipio de Providencia tiene un presupuesto anual de 3 mil millones de pesos en seguridad.
Enfatizó además que ningún grupo de guardias o empleados municipales pueden detener ya que es potestad exclusiva de Carabineros y la Policía de Investigaciones.