Senador PPD presentó texto donde la omisión no cuenta como consentimiento.
Sostuvo que se trata de una oportunidad para las empresas y una defensa de los usuarios.
El senador Tuma ingresó el proyecto de ley anticipándose a la agenda gubernamental.
El senador Eugenio Tuma (PPD) explicó los detalles contenidos en su proyecto de ley para regular el consentimiento en contratos de materia financiera y de consumo, el cual se anticipa a la agenda dispuesta por el Gobierno en cuanto a derechos de los consumidores.
En entrevista con El Diario de Cooperativa, el vicepresidente del Senado admitió que se adelantó "un paso" al Gobierno de Michelle Bachelet quien también pretendía levantar una iniciativa legal con los mismos fines.
"Efectivamente se adelanta un paso, porque lo que estamos planteando es una ley y no un reglamento, y asegura de mejor manera los derechos de los consumidores", indicó el legislador.
"La empresa deberá con distintos plazos reiterados de 45 días cada uno por tres meses, darle un aviso al usuario que van a cambiar las condiciones, que van a subir un servicio determinado y en esas condiciones tiene que no sólo responder con silencio, tiene que tener una acción, una decisión marcada, que no quede ninguna duda de la aceptación del usuario", agregó Eugenio Tuma.
El parlamentario detalló que con el proyecto se está dando "un punto de acuerdo" que beneficia a las empresas por la oportunidad de ofertar otros productos y a los usuarios en el respeto de sus derechos.
"El retail, los bancos se cuidan mucho de asegurar sus derechos pero a la hora de cobrar los derechos de los consumidores, eso queda sujeto a una tramitación, que tenga que llamar por teléfono, le cambian de línea, que "espere un momento estamos grabando", después tiene que marcar otro número y por último tiene que ir personalmente a hacer una gestión para recuperar un cobro en demasía que le han hecho", describió.
"Cuando ellos cobran descuentan de inmediato de las cuentas corrientes o le cargan al usuario sin más consulta", concluyó el parlamentario.
De acuerdo a la iniciativa que impulsa y que cuenta con el patrocinio de sus pares Jorge Pizarro (DC), Felipe Harboe (PPD), Isabel Allende (PS) y Alberto Espina (RN), se busca establecer exigencias mínimas que garanticen que el consentimiento tenga validez jurídica, eliminando la posibilidad de aceptación por silencio u omisión de parte del cliente.
