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Gobierno creará la figura del "coordinador nacional de ciberseguridad"

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Autor: Cooperativa.cl

La medida está contemplada en el proyecto contra los delitos informáticos que presentará el Ejecutivo a inicios de octubre.

El responsable estará a cargo de articular a varios ministerios para el cumplimiento de las normas.

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La iniciativa también buscará fijar delitos informáticos de acuerdo con la norma internacional.

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En el marco del proyecto contra los delitos informáticos que presentará los primeros días de octubre, el Gobierno creará una figura que se encargará de coordinar a distintos ministerios en pos del cumplimiento de las normas.

Así lo anunciaron el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y delegado presidencial para temas de ciberseguridad, Jorge Atton, quienes adelantaron detalles de la iniciativa en una entrevista conjunta en El Mercurio.

Ubilla explicó que se "establecerá una etapa intermedia, se que llama 'gobernanza provisoria', para evaluar el funcionamiento de la estructura antes de impulsar el proyecto de infraestructura crítica".

En esa estructura, subraya, "habrá un coordinador del Sistema Nacional de Ciberseguridad, que dependerá el Ministerio del Interior", cuya tarea será "articular toda la red, dividida en tres grandes áreas (...) articuladas desde arriba para que puedan conversar e interactuar".

Estas son "el Centro de Incidencias de Defensa, que corresponde al Ministerio de Defensa; el Centro Nacional de Incidencias Informáticas, que corresponde al Ministerio del Interior, y el Centro de Incidencias Industriales, que dependerá del Ministerio de Economía", detalló el subsecretario.

Por su parte, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia estará "a cargo del Gobierno Digital y tiene la misión de asesorar al Presidente en materias interinstitucionales", por lo que "en toda la definición de estándares será muy importante".

Atton, en tanto, resaltó que el proyecto contemplará la tipificación de delitos informático de acueredo con los establecido en el Convenio de Budapest, que entró en vigor en 2004 en el mundo y fue ratificado por Chile en 2017.

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