El diputado PPD lanzó en Cooperativa una "advertencia a las potenciales compradoras" de Equifax.
Adelantó que se "perseguirá" a quien adquiera los datos.
El diputado del PPD Felipe Harboe lanzó este miércoles en Cooperativa una "advertencia" a las empresas que compren los datos sobre deudores de Dicom que puso a la venta la empresa Equifax, resaltando que su eventual uso futuro será ilegal y, por ende, perseguido legalmente.
El parlamentario denunció ayer, tras reunirse con el ministro Andrés Chadwick en La Moneda, la venta masiva de bases de datos de deudores de Dicom por parte de Equifax, tras lo cual el Gobierno se comprometió a acelerar la publicación de la ley que regulaba los abusos de este sistema de registro, lo cual se efectuará el próximo lunes 13 de febrero.
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| El legislador consideró que Equifax está llevando adelante una "práctica completamente antiética". (Foto: UPI) |
"Lo que están haciendo es lo que han hecho siempre: venta de bases de datos. La diferencia está en que hoy día, cuando el Congreso ha aprobado por unanimidad una ley que dentro de sus artículos establece que van a tener que borrarse todas aquellas personas que estén publicadas con deudas antes de 31 de diciembre por menos de dos millones y medio de pesos, ellos hicieron una oferta al mercado", dijo.
Según explicó, esta oferta constaba en vender la información de 6.055.423 personas cuyos datos, a efecto de la ley se tendrán que borrar, "para que así sean administrados internamente en cada empresa, creando un 'registro histórico', antes de que los datos sean declarados ilegales, en una semana más".
"Mi reclamo primero tiene que ver con una práctica completamente antiética, porque ellos están vendiendo algo que ya saben que en una semana más su uso será considerado ilegal", dijo el diputado, que indicó que el asunto no termina allí.
"Esta práctica de venta además podría significar que muchas empresas que compren esos datos -y esta es la advertencia que les hacemos a las empresas potencialmente compradoras- se conviertan en cómplices de una ilegalidad futura, porque la nueva ley, al establecer la imposibilidad de uso de esa información, implica que si ellos han pagado por ella y la van a usar, van a estar usando una información ilegal, y tienen que saberlo", indicó.
Cuando eso se produzca, y "un ciudadano sea discriminado en la obtención de un crédito, casa comercial o institución de educación o salud, nosotros vamos a tomar todas las medidas necesarias para que se inicien las acciones legales y se persiga la responsabilidad ya no de quien vendió, sino que de la empresa que compró a sabiendas de que la ley declaraba ilegal la información" usada para denegar dicha prestación, sentenció.
