El Ministerio de Energía ingresó a mediados de enero pasado -con discusión inmediata- el proyecto de ley de estabilización de tarifas eléctricas, cuyo fin es amortiguar el alza anunciada por la Comisión Nacional de Energía, que podría llegar hasta el 88% en las cuentas de quienes más consumen.
Las iniciativa del Gobierno ha generado preocupación en expertos, dado que -advierten- introduce un riesgo alcista adicional sobre la inflación en el país, que en febrero registró un alza de 0,6% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según consignó El Mercurio, los economistas estiman -dependiendo del contenido final del proyecto- que el descongelamiento de los cobros de tarifas eléctricas pueden generar un alza de hasta 0,5% en el IPC proyectado de diciembre, provocando que el indicaron a fin de año esté más cerca de un 4% que del 3% proyectado por la autoridad.
"Tomando en cuenta lo que salió del Senado y entró a la Cámara de Diputados, (el efecto) sería entre 0,4 y 0,5 puntos porcentuales de incidencia (en el IPC). No sabemos si esto será escalonado, en qué mes, no se puede anticipar ese escenario, pero es un riesgo relevante que hay que tenerlo presente", analizó el economista jefe de EuroAmerica, Luis Felipe Alarcón.
En esta línea, el experto afirmó al medio antes citado que -sin tomar en cuenta el proyecto de ley- ya se calcula para fin de año una inflación de 3,6%, aunque "con ese riesgo podría estar en torno a 4%, por eso es relevante".
El alza moderada de las cuenta de las luz "genera presión y contribuye, pero no explica toda la trayectoria que está tomando la inflación", advirtió Alejandro Alarcón, economista y docente de la FEN de la Universidad de Chile, quien señaló también que en este escenario "el factor principal es el tipo de cambio, que se ve más alto por el diferencial de tasas que hay entre Chile y Estados Unidos, y también hay expectativas de mayor gasto público".
Cabe recordar que los precios no han aumentado desde 2019, por lo que el Gobierno propone aplicarles una normalización gradual, que a la vez permita pagar los saldos causados por los mecanismos transitorios que frenaron las alzas en pandemia.
La iniciativa establece los siguientes ejes:
- Perfeccionamiento del mecanismo de protección a clientes para asegurar su sostenibilidad
- Pago gradual de deuda acumulada
- Normalización de costos de electricidad que contemple una trayectoria de las tarifas consistente con la capacidad de pago de los clientes
- Fin a la segmentación entre usuarios para no traspasar cargas excesivas de ciertos grupos
- Subsidio temporal para 850 mil hogares vulnerables
El Gobierno pretende cubrir el subsidio a través del Cargo por Servicio Público y del aporte fiscal, los que deberían recaudar 100 millones de dólares y 20 millones de dólares anuales, respectivamente.
