El director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, detalló en Cooperativa los alcances del proyecto de ley que propondrá facultar a este órgano para sancionar a empresas que transgredan los derechos de los usuarios, el que fue anunciado en la última Cuenta Pública Presidencial.
Considerando que este ámbito también es parte del anteproyecto constitucional, "entendemos que hay un nuevo contexto país en donde se ha acentuado esta insatisfacción de los consumidores respecto de sus problemas cotidianos de consumo, de manera tal de tener que hacerse cargo, y creemos que es adecuado pensar en dotar al Sernac con esta facultad sancionatoria", planteó en Lo que Queda del Día.
En ese sentido, dijo esperar que "tenga un respaldo transversal. Creemos que a todos los sectores políticos les interesa que el ciudadano esté cada vez más y mejor protegido".
De todos modos, Herrera sostuvo que la idea del Sernac como un "león sin dientes" en estos tiempos "no nos parece correcta: creo que tenemos algunas muelas y algunos dientes que muerden fuerte, y nos falta probablemente la dentadura completa para quedar a tono con los tiempos".
"Esta facultad sancionatoria establece un mecanismo complementario a los que ya tiene el Sernac, como por ejemplo, el hecho de demandar colectivamente, de iniciar procedimientos colectivos también con las propias empresas para llegar a acuerdos, y también para efectos de fiscalizar y citar a sus representantes a declarar ante el Servicio, para iniciar acciones de interés", ejemplificó.
En la práctica, si el Parlamento aprueba la iniciativa, "va a significar que por ejemplo, cuando no se les reconoce el derecho a la garantía legal o se les hace un cobro indebido en materia de cobranza extrajudicial, las empresas, a través del reforzamiento de la gestión de reclamos, van a tener la posibilidad de otorgar soluciones efectivas. Y si eso no ocurre, tratándose de empresas renuentes que infringen la ley y no respetan los derechos básicos de los consumidores, el Sernac podrá sancionarlas, respecto de lo cual las propias empresas van a poder recurrir al control judicial".
Citando lo adelantado por el ministro de Economía, Nicolás Grau, Herrera indicó que la propuesta "debiese estar ingresando hacia fines del mes de julio. En estos días, los equipos técnicos están trabajando arduamente para concordar el texto, para los efectos de presentarlo al Congreso en los términos más robustos posibles".
