Las víctimas eran opositores a la dictadura de Pinochet y permanecieron hasta 90 días detenidas.
Juez además condenó al Estado a pagar a los afectados la suma de 20 millones de pesos.
Las cincuenta víctimas del caso eran habitantes de diversas localidades de la región del Maule.
El juez Jorge Zepeda condenó este lunes a un ex coronel del Ejército y a dos antiguos dirigentes de la Colonia Dignidad por el secuestro, en 1975, de cincuenta opositores a la dictadura de Augusto Pinochet que fueron encerrados y torturados en ese enclave alemán en el sur del país.
El juez de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al coronel y ex agente de la policía secreta de la dictadura Fernando Gómez Segovia, y a los dirigentes de Colonia Dignidad Kurt Schenellenkamp Nelaimischkies y Gerhard Mücke Koschitze a cinco años de prisión.
No obstante, el magistrado concedió a los condenados el beneficio de la libertad vigilada, que les permitirá cumplir la sentencia fuera de la cárcel.
Schenellenkamp y Mücke fueron parte de la cúpula dirigente de la Colonia Dignidad y estrechos colaboradores del ex subficial nazi Paul Schäfer, quien fundó a comienzos de los años 60 el enclave, que fue descrito como "un Estado dentro de otro Estado" por el ex presidente Patricio Aylwin.
El enclave, de 16.000 hectáreas, fue utilizado como campo de prisioneros, torturas y exterminio por la dictadura de Pinochet.
Schäfer murió en prisión en 2010 mientras cumplía una condena de 20 años por violación y abusos sexuales contra menores de edad y otra de siete años por infracción a la ley de armas y explosivos, tras el descubrimiento en el enclave de poderosos arsenales que incluían armamento pesado y antiaéreo.
Hasta 90 días estuvieron detenidas las víctimas
Las cincuenta víctimas del caso eran habitantes de diversas localidades de la región del Maule detenidos por la DINA, la policía secreta de Pinochet, entre abril y junio de 1975, quienes fueron llevados a la Colonia Dignidad donde permanecieron atados de pies y manos, con la vista vendada y fueron sometidos a torturas por períodos que fluctuaron entre cuatro y noventa días.
La mayoría fueron posteriormente liberados en las cercanías de sus domicilios pero algunos fueron trasladados a campos de prisioneros en Santiago u otros puntos del país.
Las víctimas, señala el fallo, fueron privadas de libertad "sin existir orden de autoridad pública, basada en causa legal en contra de ellas y se ejecuta en aplicación de un plan de ataque directo a la vida, integridad física, libertad y dignidad de las personas y a la noción de humanidad misma".
Lo anterior, señala, "en el contexto de persecuciones, torturas, desapariciones y otros tratos crueles e inhumanos en contra de un determinado grupo de la población, cuyos fundamentos fueron motivos políticos".
En la parte civil, el juez condenó al Estado a pagar solidariamente con los victimarios, la suma de veinte millones de pesos (unos 30.000 dólares) a cada demandante o grupo de demandantes.
