Pamela Pereira dijo que el reconocimiento de la responsabilidad institucional en las violaciones a los derechos humanos que hizo el general Cheyre tiene "un valor histórico muy profundo".
La abogada de derechos humanos Pamela Pereira, quien integró la Mesa de Diálogo, valoró el documento mediante el cual el general Juan Emilio Cheyre reconoció la responsabilidad institucional del Ejército en los crímenes cometidos durante la dictadura, pero enfatizó que ahora son las otras ramas de las Fuerzas Armadas las que deben tener gestos similares.
"Acá también hay otras instituciones de las Fuerzas Armadas que probablemente van a tener que pronunciarse una vez que el informe de la comisión sobre tortura se haga público", sentenció en conversación con El Diario De Cooperativa.
La jurista sentenció que "la Armada va a tener que hacerse cargo de algo que, a mi juicio, es de la mayor sensibilidad y que tiene que ver con los testimonios que dan cuenta de las torturas en la 'Esmeralda'. Esa realidad es tan violenta que no ha permitido que el buque insignia recupere su dignidad y hoy día es un buque que se pasea por las aguas del mundo en que la dignidad suya está manchada".
"Se requiere que la Armada tome una decisión sobre la existencia de la 'Esmeralda'... Uno, razonablemente, espera que las otras ramas de las Fuerzas Armadas tengan también la valentía, y todos lo vamos a entender muy bien, de tomar decisiones, que por dolorosas que sean, van a hacerle muy bien a la unidad de Chile", subrayó.
La militante socialista comentó que a pesar de que aún no analiza con la profundidad y tiempo necesario el documento "El fin de una visión" del general Cheyre, se trata de un hecho trascendental para el país.
"Tiene un gran valor este reconocimiento de la responsabilidad institucional, un valor histórico muy profundo, porque creo definitivamente esto va a marcar el antes y el después del Ejército, y para mí es un continuo que viene desde los debates de la Mesa de Diálogo... recién concluyen ahora esos debates, siento que la Mesa de Diálogo se prolongó más allá de que no existió una forma material de llevarse adelante".
Pereira recordó que "este fue el tema de fondo en que no tuvimos acuerdo en la Mesa de Diálogo, el carácter de las violaciones a los derechos humanos... Los abogados sostuvimos siempre el carácter institucional y sistemático de la represión y de las políticas que se habían implementado, y las Fuerzas Armadas sostenían que eran conductas excesivas de carácter personal".
"Creo que el paso que está dando el Ejército es de una importancia que, probablemente, en una primera lectura no se dimensione hasta dónde llega este reconocimiento", agregó.
Para la jurista, el documento de Cheyre es el corolario de un proceso que se inició cuando las Fuerzas Armadas y de Orden reconocieron la existencia de las violaciones a los derechos humanos y dieron crédito al informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocido como "Informe Rettig", cuyas conclusiones fueron negadas a principios de los años 90.
En conversación con El Diario De Cooperativa, la abogada Pamela Pereira consideró que la declaración de Cheyre, que publicó este viernes el diario La Tercera, "va a tener consecuencias" en términos judiciales, pues "cambia cualitativamente" el escenario procesal de los militares en retiro y en servicio encausados, pues ahora "su actuación está inserta en esta decisión institucional" de reprimir a los opositores a la dictadura militar que se extendió entre 1973 y 1990.
"Los militares de menor graduación que participaron en las violaciones a los derechos humanos hoy día, por primera vez, van a sentir que esa institución asume la responsabilidad. Hasta ayer, el oficial o el suboficial que era citado a los tribunales tenía que ir por si mismo a hacerse cargo de las órdenes que le dieron", expresó.
Como ejemplo, la abogada recordó que "lo que consta en el proceso" es que oficiales "con nombre y apellido" del Ejército planificaron y llevaron a cabo el crimen del general retirado Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, en 1974.
Pereira concluyó que todos los crímenes cometidos se perpetraron por personas al servicio del Estado, como parte de sus labores formales como miembros de las FF.AA., por lo que este nuevo antecedente puede servir para agilizar los procesos y lograr saber qué pasó con las víctimas.
