La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) respondió a la solicitud de desalojo presentada por el director del INDH, Sergio Micco, que busca sacar a quienes tienen tomada la sede del organismo desde hace ocho meses.
La vocera de la ACES, Antonia Rolland, manifestó que "es complejo y nos parece un poco irrisorio, porque no entiendo qué diálogo más quiere, si luego de ocho meses de distintas conversaciones, tanto con consejeros como con él mismo, con el directorio como con los trabajadores, la única postura que ha tenido la dirección del INDH ha sido de protección, pero no de nuestros derechos humanos, no de la integridad de quienes fueron violentados durante el 18 de octubre y posterior, sino que de protección a los intereses y a los poderosos".
Desde el 8 de julio del año pasado que la Oficina Central del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ubicada en Providencia, se encuentra tomada por la ACES y Agrupaciones de Víctimas del Estallido Social.
Tras intentos de diálogo, ayer se confirmó, a través de un comunicado, la solicitud del INDH a la Delegación Presidencial Metropolitana para desocupar el lugar de manera pacífica con el más estricto cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.
Esta decisión está motivada por un oficio de Contraloría, el cual estableció que en un plazo de 30 días el organismo debe restablecer el uso normal de su sede central.
"Cuando llevábamos seis meses de toma del INDH recurrimos a la Contraloría y el contralor ofició al director del Instituto para solicitar el desalojo. Hoy, casi ocho meses después, se está por fin solicitando el desalojo", comentó el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma.
El parlamentario agregó que "esta sede está tomada por verdaderos violentistas, no podemos permitir que la violencia le gane al diálogo y a la posibilidad de llegar a acuerdos, y aun cuando es tarde y solo lo logramos después de recurrir a Contraloría, valoramos que por fin se esté solicitando el desalojo de las personas que tienen tomada hace casi ocho meses el Instituto Nacional de Derechos Humanos".
Quien no ve esta medida con buenos ojos es el abogado experto en derechos humanos, Miguel Ángel Yáñez, que considera que "la toma es un símbolo de protesta, es un símbolo de reclamar ante tanta injusticia y es una demanda para que el Instituto cumpla con su deber legal, que es de promover y proteger los derechos humanos, lo cual lamentablemente hizo de manera poco comprometida por parte de su director don Sergio Micco".
"El desalojo creo que es inaceptable, debido a que eso puede causar graves daños tanto a las personas que están en la toma como también a la instalación", zanjó.
La diputada Emilia Nuyado (PS) destacó que "el INDH es una importante institución", pero advirtió que "no es el camino pedir un desalojo", dado que "un eventual desalojo podría ser una contradicción, porque en general los desalojos no son pacíficos", alertó.
Por su parte, Jaime Winter, abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, explicó que esta toma "podría llegar a ser considerada un delito, como el delito de usurpación, dependiendo obviamente de las circunstancias. En ese sentido, quienes realizan la toma están permanente cometiendo un delito y eso permite que se pueda encargar el desalojo".
"Por otro lado, en el caso de los directores o de la autoridad a cargo del INDH, lo que yo entiendo es que la Contraloría puede exigir que tome las acciones necesarias para recuperar el inmueble, porque como funcionarios públicos tienen esa obligación. En ese sentido, el hecho de no resguardar el inmueble que está a su cargo podría traer consecuencias como sanciones administrativas y responsabilidad funcionaria", añadió.
