La acción de la fiscal Beatriz Pedral permitirá judicializar cientos de casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
Es algo "que el Gobierno va a tener que tomar en cuenta", sostuvo la presidenta de Familiares de Ejecutados Políticos.
Agrupaciones de Derechos Humanos valoraron la presentación de más de 700 querellas por casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, que no estaban judicializadas.
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| La fiscalía de la Corte de Apelaciones presentó nuevas querellas por DD.HH. |
La fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedral, presentó un total de 726 querellas ante el ministro Mario Carroza, por víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, que no habían tenido ningún tipo de proceso judicial.
"Viene a reforzar lo que le hemos exigido al Ministerio del Interior, este es un respaldo enorme que el Gobierno va a tener que tomar en cuenta", declaró la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.
La fiscal Pedral adujo que no es posible que estos procesos se perpetúen en el tiempo, dando cuenta que durante el 2010 el ministro Sergio Muñoz detectó que existían víctimas sin acciones interpuestas por sus representantes.
"Aunque ha pasado mucho tiempo la justicia se pone al día con una tarea pendiente, y sobrepasa de lejos lo que no ha actuado el Ministerio del Interior", indicó uno de los abogado querellantes, Eduardo Contreras.
