Álvaro Corbalán, ex jefe operativo de la CNI, iniciará una huelga de hambre en protesta por haber sido sancionado luego de que se lo descubriera realizando una llamada con un celular, lo que contraviene los protocolos de seguridad de Gendarmería.
Según publicó La Tercera PM, el incidente ocurrió este miércoles, después de que Corbalán -de 68 años- fuera declarado clínicamente ciego en una clínica privada, debido al avance de una enfermedad oftalmológica degenerativa que le generó un desprendimiento de retina en el ojo derecho.
"Síndrome de vohgt kayana gui harata"
En una carta que envió durante esa misma jornada al alcaide de Punta Peuco, el ex agente plantea que el hecho ocurrió cuando "conmocionadamente doy a conocer la situación de salud (que me aqueja) a algunas visitas que me acompañaban".
Según relató, uno de sus acompañantes quiso consultar sobre el diagnóstico con un oftalmólogo conocido, razón por la cual le entregó el teléfono para que precisara detalles de su enfermedad.
"Aseveró conocer a un oftalmólogo de prestigio. Para solicitar una opinión profesional, se retiró de la pieza solicitando a un funcionario de custodia que autorizara a ingresar su celular para hacer el llamado a este médico. Estando comunicado con él, no supo cómo darle el nombre de mi enfermedad y sin saber ni conocer a este médico le pronuncié en el celular que me aquejaba el síndrome de vohgt kayana gui harata", relató Corbalán.
Meza: "Afecta su integridad física y síquica"
Como Corbalán ya ha sido sancionado por este tipo de hechos en al menos tres ocasiones, se definió que no podrá recibir visitas en 15 días, mientras que el dueño del teléfono no podrá acompañarlo en dos meses.
El abogado Raúl Meza exigió que se levante esta restricción, y alegó que "la suspensión de las visitas al comandante Corbalán ordenada por el alcaide de Punta Peuco afecta la integridad física y psíquica del interno".
Por tal motivo, anunció la presentación de "un recurso de protección en contra del alcaide de Punta Peuco para que se suspenda en forma inmediata la sanción aplicada al paciente, por vulneración de la garantía constitucional".