En su informe anual, la organización planteó que en Chile "no hay avances en materia de derechos humanos, justicia y reparación" desde el estallido social.
Aministía Internacional apuntó a "la falta de medidas tendientes a avanzar en verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición".
Amnistía Internacional (IA) lanzó este martes su informe anual en el que destacó que en Chile "no hay avances en materia de derechos humanos, justicia y reparación" desde la crisis social desatada en octubre de 2019.
En su capítulo sobre Chile, AI resaltó "la policía siguió haciendo un uso excesivo de la fuerza y se registraron al menos dos casos más de lesiones oculares" durante las protestas registradas el año pasado que, resaltó la ONG, fueron menos intensas debido a la pandemia.
Asimismo dio cuenta de testimonios sobre el "uso injustificado de la prisión preventiva" con casos en que "las personas en cuestión habían permanecido en detención previa al juicio durante aproximadamente un año y después habían sido absueltas o el caso se había archivado por falta de pruebas".
El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, manifestó que "el ex Presidente Sebastián Piñera ha dejado un legado sombrío en materia de derechos humanos, especialmente por las graves violaciones ocurridas durante el estallido social, por la falta de medidas tendientes a avanzar en verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición".
Además, recalcó que "la magnitud de las deudas que hay que saldar por parte del Estado chileno es tan grande, que queda mucho por hacer, (como es) la necesidad de una reforma profunda, estructural, urgente a Carabineros".
"Instituciones como la Policía, el Ejército y el Ministerio Público, que dependían del anterior gobierno (...), cometieron graves violaciones de derechos humanos y la administración no priorizó ni entregó todos los recursos que se requerían ante tan grave crisis", dijo Bustos.
El escenario, indicó, es "de mucha impunidad".
El director en Chile de AI destacó que durante la Administración de Piñera las violaciones a los derechos humanos fueron "graves y generalizadas", pero detalló que durante las dos semanas del nuevo Gobierno de Gabriel Boric, también "se han encontrado casos y denuncias" de este tipo.
"Es por eso que hoy día instamos a las autoridades a avanzar urgentemente en una profunda reforma a Carabineros", expresó.
El activista se refirió al episodio del pasado viernes, cuando un estudiante resultó herido por un disparo atribuido a la Policía durante la primera gran marcha de reivindicación universitaria desde que asumió Boric, quien exigió a la institución abrir una investigación.
La diputada Lorena Fries (Ind) dijo que "lo que vemos es un Estado, con todos sus poderes, Gobierno, Ministerio Público, Poder Judicial, que no ha contribuido a parar en su momento las violaciones a los derechos humanos y a investigar y sancionar también en materia de reparación y si bien el Gobierno abrió una glosa para conceder pensiones de gracia a víctimas de derechos humanos, está por verse cuantas de estas fueron tramitadas en 2021".
"Hemos oficiado desde la Comisión de Derechos Humanos para constatar que eso se hubiera producido", puntualizó.
Con respecto a la crítica a los procesos judiciales la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, remarcó que "tenemos que tratar de buscar como sociedad una ecuación entre dos cosas. Que las investigaciones sean bien hechas, no investigaciones a la carrera, con apuro de condenar, porque ahí se cometen errores graves como dejarse llevar por impresiones y por otro lado que esas investigaciones no sean tan extensas y que de alguna manera se burle el propósito mismo".
"No es fácil, no solo por las vulneraciones a derechos humanos en el estallido, sino que también por las personas que tienen procesos pendientes a propósito", zanjó.
Bustos también destacó la situación que vive la macrozona sur del país que, desde este fin de semana, ya no está bajo estado de excepción.
"Por muchos años hemos planteado nuestra preocupación y condena a la criminalización de la protesta en las regiones del sur (...) El Estado está en deuda por el no reconocimiento constitucional (de los indígenas) y por la no entrega de tierras ancestrales", manifestó.
"Creemos que el camino adecuado no es la criminalización -concluyó- y es muy interesante que se pueda abrir un camino de diálogo donde se converse con todos quienes han sufrido en la región".
