La Moneda no oyó a la población durante las protestas que estallaron en 2019 ni lo está haciendo ahora en pleno agravamiento de la epidemia, según la ONG.
"Observamos que la situación está igual o peor que hace un año", afirmó.
El Gobierno de Chile es "sordo" y no escuchó a la población durante las graves manifestaciones contra la desigualdad que estallaron en 2019 ni lo está haciendo ahora a la comunidad médica en pleno agravamiento de la pandemia, denunció este miércoles la ONG Amnistía Internacional (AI).
"Los movimientos sociales, en especial tras el estallido social, gritaron a la cara a las autoridades que esto no daba para más. Sin embargo, quienes protestaron se encontraron con oídos sordos, una tremenda represión y apoyo irrestricto al feroz actuar de las policías", dijo a Efe la directora en Chile de AI, Ana Piquer.
Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó como una protesta contra el alza en el precio del ticket del Metro y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo y más derechos sociales.
Las revueltas, que cesaron hace un par de semanas, dejaron más de una treintena de muertos y miles de heridos, además de señalamientos por violaciones a los derechos humanos contra las fuerzas de seguridad por parte de diversos organismos, como ONU o AI.
Para la organización, cuya sede global está en Londres y que este miércoles publicó un informe sobre los derechos humanos en cada uno de los países de la región, "en Chile observamos que la situación está igual o peor que hace un año".
"Tenemos al frente a un Gobierno que actúa como si nada pasara, que ha dicho incluso ante Naciones Unidas que Chile ya 'volvió a la normalidad' después del estallido social, que reitera discursos que equiparan indebidamente protesta y delincuencia, y que persiste en tratar las violaciones generalizadas de derechos humanos como si fueran casos aislados", agregó Piquer.
La "sordera" del Gobierno de Sebastián Piñera, según el organismo, ha llegado también a la gestión de la pandemia, que está viviendo su peor momento, con cifras récord de contagios, más del 83 por ciento de la población confinada y los hospitales al borde del colapso, pese al exitoso proceso de vacunación.
La epidemia que ya deja más de 1 millón de contagios en un año y más de 30.000 muertos entre confirmados y sospechosos, evidenció las desigualdades y la situación de vulnerabilidad en que viven la mayoría de las personas, "enraizadas en un sistema realmente destructivo para los más marginados".
"Si el Gobierno nunca reconoció el colapso del sistema de salud que sí vivieron varios hospitales públicos de zonas más populosas y que atienden a población de menores recursos, difícilmente se iban a preparar como correspondía para la nueva ola de contagio que vemos hoy en día", añadió Piquer.
