El director de la oficina en Chile de Amnistía Internacional (AI), Rodrigo Bustos, dijo a EFE que el Gobierno de Gabriel Boric ha tenido "importantes avances" en materia de derechos humanos, "aunque existen deudas muy relevantes y compromisos que aún no se han cumplido", elementos que hilvanan el capítulo chileno del informe anual publicado por la organización.
El documento, que revisa la situación de los Derechos Humanos a lo largo del planeta e incluye apartados para 156 países, fue lanzado por la ONG desde su sede en París, destacando como marco político en el capítulo de Chile que "la ciudadanía rechazó por una amplia mayoría la propuesta de una nueva Constitución que reforzaba la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales" en septiembre pasado.
En una conversación con EFE, Bustos destacó cambios en el actual Ejecutivo respecto del Gobierno de Sebastián Piñera, una administración que dejó "un legado sombrío en materia de Derechos Humanos" tras la crisis social de 2019, la más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
"Valoramos el inicio del trabajo respecto del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, la agenda sobre Verdad, Justicia y Reparación a las víctimas del estallido social, aún cuando falta que una serie de medidas se concreten, también la firma del Acuerdo de Escazú es satisfactorio y que exista una política exterior con enfoque de Derechos Humanos", señaló Bustos.
REFORMA A LAS POLICÍAS, UN COMPROMISO PENDIENTE
No obstante los avances reconocidos por la ONG, Bustos destacó como "preocupante" la ausencia de debate respecto a la reforma a las policías comprometida por el Gobierno de Boric, uno de sus énfasis durante el periodo electoral luego de que Carabineros fuera señalado por múltiples organismos internacionales por "violaciones generalizadas" a los derechos humanos.
"Uno de los compromisos más relevantes que tenía el Gobierno de Chile es que se iba a llevar adelante una reforma a las policías. En algunos momentos se llamó refundación, en otros reforma, pero la verdad es que hoy día no hay nada en esa dirección que esté en curso", apuntó Bustos.
"Todo el debate relacionado con la delincuencia en nuestro país tiene que abordarse de manera seria y esa seriedad implica, entre otras cosas, retomar la discusión sobre una reforma a las policías. Esto no solo tiene que ver con el respeto a los Derechos Humanos, sino también con dotar a las policías de una preparación que les permita realizar bien su trabajo y que cuenten con todo el equipamiento que les permita prevenir afectaciones a su integridad", explicó.
"DEBILIDADES" DEL SISTEMA DE JUSTICIA
"Al finalizar el año, la Fiscalía Nacional había presentado cargos solamente en 140 de las 10.938 denuncias de violaciones de Derechos Humanos cometidas por funcionarios del Estado en relación con la agitación social que había tenido lugar a finales de 2019. Las causas dieron lugar a 17 sentencias condenatorias y dos absolutorias", señala el capítulo chileno del informe de AI.
Para Bustos, estas cifras reflejan "un panorama de mucha impunidad respecto de las violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social", escenario que explica por "una serie de debilidades del sistema de justicia, de la Fiscalía, del Servicio Médico Legal, de la brigada de derechos humanos de la Policía de Investigaciones y a la falta de recursos que existen para estos organismos en las sucesivas leyes de presupuesto desde 2020 en adelante".
"No solo tiene que esclarecerse lo que hizo el funcionario de Carabineros que disparó en cualquier plaza de nuestro país, sino también la responsabilidad de los altos mandos", enfatizó.
"LA MILITARIZACIÓN DEBE SER LA EXCEPCIÓN"
A la fecha, regiones tanto del norte como del sur del país tienen territorios militarizados por estados de excepción constitucionales, medidas propuestas por el Ejecutivo y ratificadas por el Congreso que permiten a las Fuerzas Armadas apoyar el mantenimiento del orden público en coordinación con las fuerzas policiales locales.
En ese contexto, Bustos señala que "si bien el estado de excepción en sí no es contrario a los Derechos Humanos y está contemplado en los tratados internacionales como una posibilidad", la militarización en el país "no puede ser la regla general".
"En Chile, desde el estallido social de 2019 hemos tenido múltiples estados de excepción por protestas, pandemia, conflicto en el sur y crisis migratoria en el norte, pero hay que entender que las Fuerzas Armadas no están preparadas para enfrentar situaciones de delincuencia común. No hay normas adecuadas ni una formación para ello", dijo Bustos.
