Asado en honor a Krassnoff no se realizó

Finalmente no se realizó el asado que militares en retiro querían realizar este miércoles en honor al violador de los derechos humanos Miguel Krassnoff al interior del Penal Cordillera, en Peñalolén.

Tras la polémica que se generó en la pasada jornada y ante el rechazo del propio Gobierno, los amigos del represor no tuvieron autorización para ingresar al recinto esta mañana.

Dijeron "que estaban suspendidas las visitas", contó uno de los ex uniformados que llegó hoy al lugar y que se declaró "sorprendido" con la prohibición, "porque era una actividad abierta, programada".

"Los días miércoles vengo yo a visitar a mis amigos que están injustamente detenidos", explicó el hombre.

En las afueras del cuestionado recinto penitenciario -que está en la mira del Presidente Piñera, que estudia su cierre- se produjeron intercambios verbales entre los amigos de Krassnoff y una decena de personas llegó a protestar por las condiciones de privilegio que gozan los internos, según constató un informe judicial difundido también hoy.

Éste detalló que 10 ex uniformados -entre ellos Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito y Odlanier Mena- se distribuyen en cinco cabañas "bien equipadas" y "tienen acceso a radio, música, televisión, lectura, actividades deportivas y religiosas, además de "contacto permanente con sus familias" y atención médica constante.

Dicho texto, elaborado por la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Loreto Gutiérrez, "va en la línea de confirmar el otro informe que existía ya por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago de hace algunos meses: que el Penal Cordillera goza de ciertos beneficios que no son comunes al resto de los penales y que son situaciones de excepción", comentó el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Anfup pide cierre

En diálogo con Cooperativa Óscar Benavides, vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, se declaró abiertamente a favor del cierre tanto de Cordillera como de Punta Peuco.

Dijo que el objetivo de estos recintos era garantizar los procesos penales en contra de los violadores de derechos humanos, pero esos procesos ya se han ido cerrando.

"En la Penitenciaría de Santiago el día de hoy había dos funcionarios para custodiar alrededor de 300 internos en una de sus calles. Ellos tienen para su atención cinco funcionarios por cada interno", dijo Benavides.

El dirigente apuntó además que mantener a un preso de Cordillera cuesta más del triple que a un reo normal y que Manuel Contreras incluso tiene un servidor "personal", que es un funcionario del Ejército.

"Yo debo traer a la memoria fresca los hechos tristes de San Miguel, donde cada interno tenía menos de un metro cuadrado para poder sobrevivir en el sistema penitenciario. En cambio, estos internos cuentan con una cabaña individual con acceso a Internet, acceso a televisión, canchas recreativas, quincho", criticó.

La Anfup defiende, en consecuencia, "no solamente el cierre de la Unidad Cordillera, sino que también el cierre de la Unidad Punta Peuco, porque los procesos judiciales ya terminaron. Por lo tanto, es necesario que ellos ya vayan a cumplir su condena en un establecimiento normal, como lo hace el resto de la población penal chilena".

Hasta Cordillera llegaron también durante esta jornada los diputados PPD Enrique Accorsi y Tucapel Jiménez para revisar las condiciones y plantear su cierre en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, junto al de Punta Peuco

Jiménez manifestó que "si tú o yo cometemos un delito vamos a ir a una cárcel pública, con hacinamiento, viviendo en un metro cuadrado y no las cabañas con quinchos, hay una cancha de tenis".

"Todo ese tipo de privilegios lo que hacen es indignar a la ciudadanía", dijo el diputado PPD.

En paraleleo, Accorsi declaró que "debemos cerrar de una vez por todas Cordillera y cerrar Punta Peuco, y llevar a todos estos presos a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). Esa sería una señal muy clara y potente del Gobierno".

Consultado por esta polémica en El Diario de Cooperativa el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, echó de menos un trato equitativo entre los represores y los miembros de movimientos subversivos.

"Donde hay una desigualdad tremenda es que a la gente que cometió delitos políticos se le dejó en libertad por razones políticas. Se vació la Cárcel de Alta Seguridad con indultos, conmutando penas... A la gente se le olvida que estuvo el Lautaro y el Frente Manuel Rodríguez matando gente durante todo el Gobierno del Presidente Aylwin", dijo Desbordes.

"Los muertos míos también a mí me duelen, y a mí me parece que no es justo. A mí me gustaría que estuvieran todos presos", de lado y lado, indicó.

Ello fue rechazado por Lorena Pizarro, presidenta de Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos: "Éste no es un tema de empates, ésta es la tragedia que vivimos como país".

"El señor Desbordes está hablando de hombres y mujeres torturados, que fueron masacrados, violados, por pensar distinto", resaltó.