La ex agente de la DINA Adriana Rivas es requerida por siete secuestros ocurridos entre 1974 y 1978.
Tribunal federal no fijó una fecha para anunciar su decisión, pero esta se emitirá en un máximo de tres meses.
Rivas está detenida y recluida en una prisión de la ciudad de Sídney, donde residía, desde febrero de 2019.
Un tribunal de Australia dejó este martes visto para sentencia el recurso de apelación contra la decisión en favor de extraditar a Chile a Adriana Rivas, ex agente de la dictadura de Augusto Pinochet y acusada en nuestro país por la desaparición de siete personas en la década de 1970.
El Tribunal Federal de Australia no fijó una fecha para anunciar su decisión, pero esta se emitirá en un máximo de tres meses, indicó a Efe la abogada Adriana Navarro, quien representa a los familiares de seis de las víctimas atribuidas a Rivas.
En la vista de este martes, la jueza Wendy Jane Abraham abordó los 24 puntos en los que se basa la defensa de Rivas contra el fallo de una instancia inferior emitido el 29 de octubre y que accedía a la extradición de esta chilena de 68 años, detenida y recluida en una prisión de la ciudad de Sídney desde febrero de 2019.
Se presume que Rivas, que trabajaba como niñera y limpiando casas desde hace tres decenios en Sídney, formó parte de la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, policía secreta de Pinochet), en donde llegó a ser la secretaria de Manuel Contreras, máximo jefe de esta unidad.
La ex asistente del "Mamo", el máximo represor de la dictadura de Pinochet, presuntamente participó en el "secuestro agravado" de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista de Chile, en 1976, así como en los de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada en el momento de su detención.
El abogado defensor Frank Santisi se centró hoy en escudar a su clienta con la ley chilena de Amnistía, aprobada el 18 de abril de 1978, que protege a los autores, cómplices o encubridores de delitos perpetrados durante la dictadura de Pinochet desde el 11 de septiembre de 1973 -día del golpe- hasta el 10 de marzo de 1978.
Santisi argumenta que ese decreto sigue teniendo vigencia, aunque, según la versión del abogado, en los últimos años muchos jueces chilenos ignoran esta legislación.
Según alega el defensor de Rivas, con el pedido de extradición Chile estaría "invitando" a Australia a violar la Constitución chilena.
Asimismo, Santisi argumentó que Chile no ha probado que Rivas, quien niega los cargos, haya sido agente operativo de la DINA, ni que haya participado en el secuestro agravado de los siete miembros del Partido Comunista, delitos, sostiene el letrado, que ya habría prescrito.
La abogada Adriana Navarro, por su parte, señaló que en la sentencia del 29 de octubre se recalcó que "los delitos de lesa humanidad no prescriben".
Por su lado, el representante de la fiscalía australiana, que actúa en nombre de Chile, Trent Glover, se centró en responder aspectos técnicos y legales para insistir que la extradición de Rivas a Chile es procedente.
Glover criticó a Santisi por enfocarse en solamente dos testimonios citados en los documentos de la extradición y recalcó que está reconocido que la DINA operó "fuera de la ley".
El fallo de este proceso aún puede ser apelado ante el pleno de los magistrados del Tribunal Federal australiano, aunque solamente basándose en la posibilidad de que exista un error en la interpretación o aplicación de la ley, y es poco probable que llegue al Tribunal Superior, la máxima instancia judicial.
Tras agotarse la batalla legal en Australia, la última palabra de la extradición la tendrá la fiscal general del país oceánico, Michaelia Cash.
