El trabajador de Naciones Unidas fue asesinado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) en julio de 1976 y luego se simuló un accidente.
Carmen, hija del diplomático, lamentó que exista un "negacionismo tan presente, tan insolente y tan prepotente" a 50 años del golpe.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) homenajeó este martes la memoria del economista y diplomático español Carmelo Soria, funcionario de la institución internacional que fue secuestrado por la policía política de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y ejecutado en 1976.
A la ceremonia, que tuvo lugar en las dependencias de la Cepal en la zona oriente de Santiago de Chile, asistieron la familia Soria y sus invitados, además de autoridades diplomáticas, funcionarios del organismo y el actual secretario de Estado de Memoria Democrática de España, Fernando Martínez.
"Este acto de reconocimiento creo que tiene tres funciones: una reparadora, una pedagógica para todos los demás con la idea de que nunca más se vuelvan a repetir los hechos traumáticos de pasado, y una preventiva, que debe estar siempre presente en cada uno de los actos que realizamos", dijo el Martínez en su alocución.
"La vida y el asesinato de Carmelo Soria es paradigmática en el marco de lo que fueron las tragedias como consecuencia de los golpes de Estado y las dictaduras que sufrimos dos países, Chile y en este caso España, aunque sea con una diferencia de tiempo larga", relató.
A Carmelo Soria, trabajador de Naciones Unidas, lo mató la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) en julio de 1976 y luego simularon un accidente. Los hechos, casi cinco décadas después, fueron considerados por la Corte Suprema para condenar a fines de agosto a seis exagentes del organismo represivo de la dictadura por cargos de homicidio, los cuales se encuentran prófugos de la Justicia.
"Aquí se ha relatado el papel tan importante que tuvo Carmelo Soria de ayuda, su esfuerzo por ayudar a aquellos que lo necesitaban a salvar sus vidas, y como se vio claramente envuelto en todo ese proceso de infamia y de asesinato por parte de la dictadura pinochetista", apuntó Martínez.
También hizo uso de la palabra su hija mediana, Carmen Soria, quien puso atención en el negacionismo que se ha evidenciado durante el último tiempo en el país suramericano, con actores políticos reivindicando el golpe de Estado y poniendo en duda los crímenes de lesa humanidad cometidos por los agentes de Pinochet.
"Me gustaría decir que, en estos 50 años del golpe militar y civil, creo que la conmemoración ha sido la peor que se podría haber esperado con un negacionismo tan presente, tan insolente y tan prepotente. Y creo que eso es el resultado de la doctrina Aylwin, la verdad y la justicia en la medida de lo posible, que marcó a fuego a todos los gobiernos de la Concertación y a los de Piñera. Y al parecer, como dice el poema de Quevedo, don dinero es lo que manda y al parecer también los políticos", afirmó.
"Tenemos una deuda. Los ciudadanos y los gobiernos tienen una deuda enorme con aquellos que asesinaron, desaparecieron, torturaron y con nosotros también", subrayó.
Ejemplos de negacionismo resaltado por Soria hay varios: a finales de 2021, el congresista Johannes Kaiser afirmó que los prisioneros de Pisagua, uno de los primeros centros de detención del régimen de Augusto Pinochet, "bien fusilados" estaban. Con otro tono, el actual presidente del Consejo Constitucional y militante del Partido Republicano (PR), Luis Silva, señaló en mayo que el dictador fue un "estatista", y hace pocas semanas una diputada cercana al PR calificó de "leyenda urbana" la violencia sexual que se ejerció contra las prisioneras políticas durante la dictadura.
Este tipo de intervenciones, además de otras que han justificado el golpe civil militar que derrocó al presidente socialista Salvador Allende en 1973, han sido calificados por el actual mandatario chileno, Gabriel Boric, como un "retroceso democrático peligroso".
La dictadura de 17 años que lideró Pinochet provocó la desaparición de 1.469 personas, ejecutó prisioneros políticos, torturó y apresó a opositores afectando a más de 40.000 personas, además de obligar a otros miles a la cesantía y al exilio.
