Javiera Blanco, vocera del comando de Michelle Bachelet y experta en temas de seguridad, afirmó que "hay que avanzar en el cierre de estos centros" en referencia a las cárceles especiales para militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos.
La discusión respecto a los penales Cordillera y Punta Peuco se reactivó luego de que desde su reclusión el ex director de la DINA, Manuel Contreras, diera una serie de entrevistas el 10 de septiembre pasado, el la víspera de que se cumplieran 40 años del golpe Militar, cuando afirmó que "todos los detenidos desaparecidos están en el Cementerio General".
Y sumó más polémicas cuando se dio a conocer que un grupo de amigos pretendía hacer un asado en el penal Cordillera para homenajear a Miguel Krassnoff, ante lo que el Gobierno reaccionó rechazando la iniciativa.
El propio Presidente Sebastián Piñera afirmó que revisaría la conveniencia de que se mantuviera en funcionamiento el penal Cordillera, que funciona dentro del Comando de Telecomunicaciones del Ejército en Peñalolén.
Punta Peuco tiene 44 reclusos y el penal Cordillera tiene 10 reclusos. Ambos son recintos con cabañas con baño privado, salas de estar, jardines, cocinas. Punta Peuco por su régimen penitenciario es algo más parecido a una cárcel, pero muy distinto a los demás recintos penales, por ello en el comando de Bachelet hablan de cerrarlos.
A Javiera Blanco se sumó la opinión del ex subsecretario de Justicia Jaime Arellano, parte del equipo de expertos que trabaja con la candidata de Nueva Mayoría: "Lo que hay es una propuesta sobre el mejor aprovechamiento de la infraestructura carcelaria y obviamente eso va a ser considerado a la hora de tomar las decisiones".
"Toda la infraestructura debe ser administrada de la manera más eficiente posible y buscando las mejores soluciones para dar seguridad de que se cumplen las penas y facilitar la rehabilitación, que es muy importante para la reinserción", agregó Arellano.