El cadáver de la profesora, horriblemente torturado, fue arrojado al mar desde un helicóptero, apareciendo en la playa de La Ballena, en Los Molles.
En el aspecto civil, la Corte Suprema reafirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar una indemnización a sus hermanas.
La Corte Suprema rechazó recursos de casación y confirmó la sentencia que condenó a 18 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el secuestro agravado y homicidio calificado de Marta Ugarte Román, la primera víctima confirmada de la dictadura de Augusto Pinochet.
La profesora fue detenida en agosto de 1976 en la Región Metropolitana y su cuerpo apareció en la playa de La Ballena -en la localidad de Los Molles, ubicada en la comuna de La Ligua (Región de Valparaíso)- el 12 de septiembre siguiente luego de ser sometida a horribles torturas y lanzada al mar desde un helicóptero.
Miembro del Comité Central del Partido Comunista, Marta Ugarte ejerció el cargo de encargada nacional de Educación de su colectividad durante el gobierno de Salvador Allende.
En la sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, la ministra María Teresa Letelier y la abogada (i) Pía Tavolari- descartó error de derecho en la sentencia que condenó a Ricardo Lawrence Mires, Heriberto del Carmen Acevedo y Claudio Pacheco Fernández a 15 años de presidio como autores de homicidio calificado y a 10 años como autores de secuestro calificado.
En tanto, Pedro Espinoza Bravo, José Ojeda Obando, Juvenal Piña Garrido, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Orlando Altamirano Sanhueza, Guillermo Díaz Ramírez, Jorge Díaz Radulovich, Orlando Torrejón Gatica, Carlos Miranda Mesa y Carlos López Inostroza fueron condenados a 10 años de presidio como autores de secuestro calificado.
Carlos Mardones Díaz fue sentenciado a ocho años de presidio como cómplice y Luis Polanco Gallardo fue condenado cinco años de cárcel como encubridor de homicidio calificado.
Mientras, Leónidas Méndez Romero y José Seco Alarcón deberán purgar una pena de cinco años de presidio como cómplices de secuestro calificado y Emilio Troncoso Vivallos fue sentenciado a una pena de cuatro años de cárcel como cómplice de secuestro calificado.
En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar indemnización a las hermanas de la víctima.
La sentencia descartó error de derecho en la decisión que estableció que Marta Ugarte Román fue detenida y asesinada por razones políticas, debido a su militancia en el PC, como parte de la represión de la época.
"En este caso, se trata de la detención de una persona y posterior homicidio, cuyas motivaciones fueron de orden político, por la sola circunstancia de pertenecer a un conglomerado político respecto del cual se había decidido combatirlo drásticamente, por agentes del Estado en una organización —Dirección de Inteligencia Nacional— que tenía toda una estructura, en forma específica, para la persecución, ubicación y detención de los miembros del Partido Comunista y, en su caso, hacerlos desaparecer, pues eran tratados como enemigos del país", concluyeron los jueces.
"En estos antecedentes se acreditó suficientemente que actuaron Agentes del Estado, con el objetivo preciso de detener a la víctima, sin orden previa y exclusivamente por motivos políticos, ejecutándose el hecho con ocasión de una política de represión y desaparición de una persona por su pensamiento, negándose la autoridad estatal a proporcionar alguna información sobre la detención y el destino de aquella, lo que resulta atentatorio contra la persona humana", señaló el fallo.
Asimismo se desestimó error al no aplicar la media prescripción para rebajar la pena al tratarse de un crimen de lesa humanidad.
"La gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó, de forma tal que el yerro denunciado por los articulistas no se ha verificado", sostuvo el dictamen.
Según cifras oficiales, durante la dictadura de Pinochet unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, unos 33.000 sufrieron la tortura y la cárcel por causas políticas y alrededor de medio millón debieron exiliarse.
