Tribunal de alzada estableció que Daniel Urrutia infringió su deber de imparcialidad.
El magistrado descarta que haya efectuado un dictamen previo.
La Corte de Apelaciones de Santiago inhabilitó este jueves al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia para seguir conociendo la causa contra el ex Presidente Sebastián Piñera en el marco de supuestos delitos de lesa humanidad en el contexto del estallido social durante su segundo mandato.
Ello, luego que la defensa del otrora mandatario -encabezada por el abogado Samuel Donoso- acusara al magistrado de infringir su deber de imparcial al emitir un juicio previo sobre el caso, según recapituló el diario La Tercera.
Según resolvió la Sexta Sala del tribunal de alzada, "se evidencia que el individualizado juez de garantía se ha pronunciado respecto de la existencia de delitos".
El fallo agrega que Urrutia ha indicado "expresamente que a partir del 18 de octubre de 2019 'hubo terrorismo de Estado en Chile', 'con los 400 mutilados, hubo violación a los derechos humanos' con utilización de armas, en forma ilegal y constante, de manera 'sistemática y generalizada'.
Además, concluyó que el magistrado calificó los hechos ocurridos durante el estallido social como "'la mayor crisis de derechos humanos desde la vuelta a la democracia en el país' y, que el actuar del Ministerio Público y del Poder Judicial ha pretendido 'avalar y justificar la represión' ".
Finalmente, razonó que "claramente se ha constatado que el magistrado Urrutia, de manera generalizada y categórica (...) ha tenido por cierto la comisión de ilícitos, atribuyéndole participación en dicho acontecer a 'los agentes del Estado' (calidad que revestía el expresidente don Sebastián Piñera Echeñique)".
El juez Urrutia, por su parte, descarta que haya efectuado un dictamen previo, pero no lo logró acreditar ante sus superiores, quienes lo marginaron de conocer o adoptar decisiones de una causa caratulada como "torturas".
Respecto de las declaraciones por las que se le acusa, el magistrado afirmó que dichas palabras "no se refieren a casos concretos, sino que a situaciones graves que podrían involucrar a agentes del Estado y que fueron efectuadas bajo la obligación moral de señalarlas para que se hiciere lo necesario para terminar con conductas que afectaban los derechos humanos de parte de la población".
En ese sentido, aseguró que las declaraciones de los jueces, "en contexto de la defensa de la democracia, no sólo se encuentran protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que son promovidas por el sistema de protección de los derechos humanos".
"En ningún momento ha efectuado un dictamen de la cuestión pendiente y procesalmente, no ha tenido a la visa antecedentes, pruebas ni testimonios que le permitan tener conocimiento de la causa", añadió Urrutia.
Finalmente, el juez dijo que "no tiene ninguna enemistad, odio o resentimiento con ningún interviniente de esta causa, a quienes no conoce personalmente, a los que por lo demás no ha nombrado en sus declaraciones, por lo que solicita sea desestimada la causal".
