Onofre Peña Castro, militante del Partido Comunista, fue asesinado por carabineros en octubre de 1973 en el túnel La Calavera y su cuerpo fue arrojado a un canal de regadío.
La Corte de Apelaciones de Santiago fijó en 40 millones de pesos la indemnización que el Fisco deberá pagar, por concepto de daño moral, a Blas Peña González, quien fue detenido junto a su padre, Onofre Peña Castro, militante del Partido Comunista y regidor de la comuna de Catemu que fue ejecutado por carabineros y cuyo cuerpo fue arrojado a un canal de regadío, días después del golpe que encabezó Augusto Pinochet.
El asesinato ocurrió el 9 de octubre de 1973 en el túnel La Calavera, ubicada en el kilómetro 94 de la Ruta 5 Norte.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada capitalino –integrada por las ministras Marisol Rojas, Inelie Durán y María Paula Merino– consideró pertinente rebajar el monto indemnizatorio, debido a que el sufrimiento que habría experimentado el demandante "solo se sustenta en un informe sicológico", informó el Poder Judicial en un comunicado.
La resolución sostiene que, "sin desconocer los graves hechos a los que se encontró sometido el actor don Blas Eladio Peña González, producto de la traumática detención de que fue objeto, además, de la aflicción sufrida ante la negación y ocultamiento de información durante el tiempo de detención de su padre", "no se advierte un desarrollo del razonamiento que lleva a establecer como tal angustia, ha afectado al actor, hasta la fecha, en su vida emocional, social, familiar, y de cómo aquello le impediría llevar una vida en normalidad, fundamentándose solo en un instrumento privado, consistente en un informe de la psicóloga doña Adela Nahmías Bermúdez, la que establece que las vivencias de dolor del demandante, involucran un malestar emocional profundo, reflejado en dificultades para mejorar su propio bienestar, y una autoestima deteriorada".
Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según datos oficiales, unas 2.300 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 permanecen aún como detenidos desaparecidos y otras 33.000 fueron torturadas y encarceladas por causas políticas.
