El recurso fue interpuesto en La Haya por el ex juez español Baltasar Garzón y la Comisión Chilena de Derechos Humanos, entre otras organizaciones sociales.
Piden juzgar al Mandatario por los abusos cometidos por agentes de seguridad en medio de las masivas protestas originadas en octubre de 2019.
Distintas organizaciones sociales pidieron este jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) que juzgue al Presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad en medio de las masivas protestas originadas en octubre de 2019, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.
El recurso fue interpuesto en La Haya (Holanda) por el ex juez español Baltasar Garzón -quien ordenó la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998-, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED).
En un comunicado, los denunciantes afirmaron que "los homicidios, la tortura, la tortura sexual, los traumas oculares, mutilaciones y pérdidas de visión, las lesiones graves, las detenciones arbitrarias, cometidas por agentes estatales en contra de miles de habitantes de nuestro país, en el marco de la aplicación de una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos, muchas de ellas constitutivas de crímenes de lesa humanidad, no pueden quedar en la impunidad, según lo establece la normativa internacional de los derechos humanos vigente en Chile, como el Estatuto de Roma, que fuera ratificado por el Estado de Chile, el 29 de junio del año 2009".
En el escrito, también sostienen que las autoridades nacionales han incumplido las recomendaciones que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por la ex Presidenta Michelle Bachelet, formuló en el mes de diciembre de 2019.
"Los ataques a la población civil por parte de los agentes del Estado, desde el mes de octubre de 2019 al mes de abril de 2021, han persistido mediante patrones de conducta apartados de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos Humanos", señalaron.
Por otro lado, responsabilizaron a los jueces chilenos de crear un ambiente de impunidad: "La asimétrica respuesta de los Tribunales de Justicia de Chile, que se ha expresado en imponer y mantener medidas cautelares de prisión preventiva a miles de manifestantes de la revuelta social, y en cambio, ha liberado de responsabilidad a los agentes del Estado y autoridades de los altos mandos y autoridades civiles aquiescentes, involucradas en las violaciones masivas, graves y sistemáticas cometidas desde Octubre de 2019 a la fecha", sostienen.
Finalmente, apuntaron "la omisión que ha hecho el Ministerio Público de su deber constitucional y legal de investigar, al disponer el cierre de más del 55% de las investigaciones que se originan por denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, impidiendo con ello, el acceso de las víctimas al derecho a la Justicia", explican.
