La acusación estará dirigida a Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Antonio Valderrama.
Pidieron reformar la comisión mixta sobre el proyecto de libertad condicional para los reos de Punta Peuco.
Diputados mostraron imágenes de víctimas de la dictadura durante esta jornada.
Las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados evalúan la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra de los tres ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema que otorgaron la libertad condicional a condenados por violaciones a los derechos humanos.
La acusación irá dirigida en contra de los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Antonio Valderrama, quienes votaron a favor de dejar en libertad a siete reos.
Junto a esto, la Cámara Baja solicitó formalmente al Senado reformar la comisión mixta para resolver las discrepancias en el proyecto que impedía la libertad condicional a los presos de Punta Peuco, instancia que no ha sesionado en un año y medio.
"Ellos han pasado a llevar diversas normas internacionales, principalmente el Estatuto de Roma. Tenemos a juristas estudiando una posible acusación constitucional porque en esto hay elementos más que suficientes para acusarlos por notable abandono de deberes", aseguró el diputado Jaime Naranjo (PS).
A sus dichos contestó el ministro de Interior, Andrés Chadwick, quien aseguró que sería "imprudente" una decisión de este tipo.
"Creo que sería profundamente inconveniente, porque una resolución judicial me parece bien o me parece mal por sus contenidos de fondo, pueda ser objeto de una acusación o acción contra los magistrados", dijo Chadwick.
Corte Suprema responde
En relación con este mismo tema, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, reconoció que "lo primero que hay que decir a las víctimas es que nosotros estamos conscientes, yo personalmente y creo que los jueces también, que ellos tienen una situación de dolor incuestionable y en eso somos respetuosos de ese estado de ánimo".
Pero agregó: "tengo que insistir en la idea de que cada una de las salas de esta corte tiene autonomía al resolver".
Además, Brito descartó la vulneración de tratados internacionales, ya que "toda norma es interpretable" de acuerdo a la legislación.
Respaldo del Gobierno
Por su parte, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, planteó que respeta las decisiones de tribunales y que no existe una doctrina uniforme en el tiempo en este tipo de casos.
"Respetamos y entendemos que son los tribunales los que resuelven la interpretación de las leyes, y por cierto, no hay una doctrina uniforme en el tiempo en ningún tribunal del mundo, un día pueden fallar en un sentido y otro en otro", aseguró Larraín.
"Lo importante es ir estableciendo criterios permanente y yo creo que la Corte en uno y otro fallo es lo que ha ido haciendo. Hay numerosas posibilidades para ir viendo aplicaciones que atenúan el cumplimiento de la pena dictada efectivamente o establecida en la ley, de manera que no es extraño que esto ocurra", agregó.
