Solo un 23,4 por ciento cree que deben estar en otro tipo de recinto, según el sondeo.
Nueve de cada 10 consultados afirman que a los ex uniformados condenados hay que quitarles sus rangos.
Un 75,4 por ciento de los chilenos encuestados está de acuerdo con la decisión de cerrar el penal Cordillera.
Ocho de cada 10 personas, un 75,4 por ciento, de los chilenos piensan que los ex uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos deben estar en cárceles públicas, según reveló la última encuesta de Cooperativa, Imaginacción y la Universidad Central.
Solo un 23,4 por ciento cree que deben estar en un recinto separado, como lo es Punta Peuco.
Una mayor aceptación aún tuvo en el estudio la opción de que se les deberían quitar a los militares condenados por DD.HH. los rangos y garantías que tienen los otros oficiales en retiro, donde nueve de cada 10 personas afirmó que hay que retirárselos, un 86,6 por ciento.
Por su parte, un 12 por ciento de los consultados afirmó que a los afectados hay que mantenerles los rangos.
Respecto al cierre del penal Cordillera anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, un 75,4 por ciento de los chilenos encuestados está de acuerdo con la decisión, mientras que 19,9 por ciento respondió estar en desacuerdo con la acción tomada por el Mandatario.
En paralelo, un 57 por ciento de las familias chilenas cree que Piñera tomó estas decisiones porque quiere pavimentar su camino a la Presidencia en 2017. En tanto, 38,8 por ciento de los chilenos aseguró que la decisión que tomó el Jefe de Estado fue por sus "convicciones democráticas".
En el estudio fueron encuestadas 418 personas a nivel nacional a través de un muestreo de números telefónicos residenciales el sábado 5 y domingo 6 de octubre de 2013.
