Alejandro Morales, vicepresidente de la organización, manifestó preocupación ante los anuncios del Gobierno.
Pide que a quienes no merecen las pensiones "les caiga todo el peso de la ley".
El Gobierno dijo que va a consultar a la Contraloría sobre la manera como puede suspender el pago a los falsos exonerados.
El vicepresidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados Políticos, Alejandro Morales, manifestó preocupación ante los anuncios realizados ayer, jueves desde La Moneda, en relación con el caso de los llamados "falsos exonerados".
Junto con insistir en la "voluntad del Gobierno de revocar" el pago a los pensionados irregulares, el subsecretario Rodrigo Ubilla dijo que se enviarían a Contraloría los antecedentes de 4.500 exonerados que el propio Ejecutivo ha identificado como falsos, además de consultarle al organismo sobre el procedimiento adecuado para suspender la pensión.
Hay otro grupo, en tanto, al que la Contraloría no le cuestiona su condición de exonerados, sino el tipo de reparación que se les asignó: la pensión por subrogación.
Se trata de una pensión vitalicia que procedía en el caso que el INP o el IPS cobraran a los ex empleadores las cotizaciones previsionales impagas. Como ese cobro no se hizo, la pensión tampoco correspondía. A este grupo pertenecen más de la mitad de las pensiones que fueron asignadas en esta administración Piñera.
Como hay plazo de caducidad de dos años, el Gobierno perseguirá a un número de 700 exonerados a los que se le asignó el beneficio, según dijo Evelyn Matthei.
Ante este panorama, Alejandro Morales planteó que el problema debería ser resuelto no por el Gobierno sino por la Justicia.
"Existe la posibilidad de que el Gobierno pueda decirlo todo, todo, pero lo que nosotros decimos bien claro es que la Justicia es la que va a decidir quién es el falso exonerado. A esos sí que les caiga todo el peso de la ley y les quiten todo lo que quieran", dijo el representante, quien, de paso, desestimó la polémica proyección que hizo el presidente de la entidad, Raúl Celpa, respecto de que en este escándalo habría cerca de 100 mil falsos exonerados.
"Yo no me caso con cifras"; aquélla "la entregó él (Celpa), pero pueden ser 10, 20 30 ó 100 mil, no lo sabemos", planteó.
Cómo hacerlo
A juicio de expertos en derecho administrativo este tema es complejo. Indican que la Contraloría podría sugerir que la única forma poner fin al pago de las pensiones a los que se ha considerado a priori como "falsos exonerados" es mediante una acción judicial, pero no cualquiera, sino una acción de nulidad de derecho público.
El tiempo transcurrido desde la asignación de las pensiones también es un factor a considerar, pues aquí el plazo de prescripción es de cinco años, como lo explicó a Cooperativa dijo el profesor de derecho administrativo de la Universidad Diego Portales Alejandro Cárcamo.
El pago "tiene necesariamente que ser dejado sin efecto en sede judicial, pero es un tema complejo, toda vez que hay también profesores que han postulado que la administración del Estado no podría recurrir de nulidad de derecho público, sino que quien tiene de recurrir son siempre los particulares frente a actos administrativos ilegales", dijo Cárcamo.
"La gran mayoría estima que es una acción prescriptible y, en ese sentido, quedaríamos con el tope de cinco años. También la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido bastante dubitativa en orden a si es una acción prescriptible o imprescriptible", apuntó el experto.
