El contralor Ramiro Mendoza precisó que su repartición no tiene la facultad de indagar la existencia de falsos exonerados políticos, puesto que la institución sólo determina los montos de las pensiones una vez calificados.
Mendoza comentó que "si la calificación está otorgada, nosotros no la podemos tocar. Eso es una decisión que conforme a las reglas del ordenamiento jurídico chileno le corresponderá hacer (...) al Ministerio Público desde el punto de vista de si estos hechos constituyeron delitos"
En ese caso, añadió, "tendrán que ser puestos a disposición de los tribunales de justicia".
"Nosotros vemos los requisitos para los efectos del monto, la cuantía y la procedencia de la previsión, vale decir, de la pensión que a la persona le corresponde una vez que está calificado", explicó.
A juicio de Mendoza, "esto es una circunstancia extraordinariamente reducida en el gran universo de prestaciones otorgadas conforme a la ley".
El contralor enfatizó que "tampoco sería justo que a todos los que tienen esta calificación de exonerados políticos hoy día se les pusiera en una especia de situación de escarnio porque ellos ejercieron derechos que están reconocidos por la ley".