Gobierno apunta a anular pensiones mal otorgadas y perseguir a quienes participaron en el proceso.
Organismo que reúne a los exonerados denunció que los Gobiernos anteriores "no hicieron nada" por fines electorales.
Rodrigo Ubilla se reunió con la diputada Karla Rubilar y el presidente de la comisión de exonerados.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, anunció que solicitará al Consejo de Defensa del Estado (CDE) avanzar con mayor rapidez en el caso de casi tres mil falsos exonerados políticos que detectó el informe de la Contraloría.
Este martes, la Contraloría General de la República estimó en "al menos 3.000" los casos de pensiones indebidamente pagadas a personas que presentaron antecedentes para ser calificadas como exonerados políticos durante la dictadura.
"Queremos insistirle al Consejo de Defensa del Estado que debe avanzar rápidamente, no podemos seguir esperando. Los antecedentes los tiene el Consejo ya hace más de un año, en estos dos caminos: la anulación de aquellas pensiones que han sido mal otorgadas y la búsqueda de responsabilidades judiciales-penales a aquellas personas que participaron en el otorgamiento de estos beneficios", enfatizó Ubilla.
La autoridad se reunió la mañana de este miércoles con la diputada Karla Rubilar (RN), quien denunció el 2008 los primeros casos de irregularidades, y el presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos de Chile, Raúl Celpa.
Tras el encuentro, Celpa afirmó que en 1998 presentaron los primeros antecedentes al ex Presidente y actual senador Eduardo Frei y que reiteraron la denuncia al ex Presidente Ricardo Lagos, a quien le insistieron en cinco oportunidades, y a la actual candidata de la Concertación, Michelle Bachelet, sin encontrar respuesta en ninguna de las ocasiones.
"Todos los antecedentes siempre estuvieron en manos y en poder de los Presidentes, tanto Ricardo Lagos como Michelle Bachelet. La idea que tenemos es clara y categórica y cada día se sigue comprobando, los intereses en juego que tienen que ver fundamentalmente con el proselitismo electoral que se hizo de estas leyes impidió que el poder máximo del Estado, como era el Presidente de la República o los ministros a cargo de la aplicación de estas leyes pudieran hacer algo", precisó Celpa.
Diputada perseguirá a responsables
Por su parte, la diputada Rubilar informó que recurrirán al Ministerio Público para que determine a los responsables, independiente de que alguno de los por este caso estén prescritos.
"No obstante que puedan ser efectivamente delitos prescritos, queremos que la gente sepa quiénes son los culpables de esos delitos, más allá de que no pudieran tener sanciones, queremos que toda la gente sepa quiénes fueron los responsables de que al menos, por lo bajo, 60 millones de dólares en este país hayan ido a personas que no correspondían", explicó la parlamentaria.
Rubilar resaltó que "estos son derechos humanos, aquí se ha hecho lucro político con derechos humanos, creemos que es lo más tremendo que ha pasado en mal utilización de recursos públicos".
La Ley 19.234 de exonerados políticos busca reparar mediante beneficios previsionales por gracia a personas exoneradas por causas políticas o actos de autoridad entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
