"Obviamente hay que esperar el fallo de los tribunales, pero estoy de acuerdo", dijo la otrora jefa de Prevención del Delito de Sebastián Piñera.
Estas declaraciones tuvieron lugar en debate televisado con el exdiputado Marcelo Díaz (Unir).
Durante la ola de protestas de 2019 se violaron los derechos humanos, reconoció este miércoles Katherine Martorell, exsubsecretaria de Prevención del Delito del segundo Gobierno de Sebastián Piñera.
"Estoy de acuerdo en que hubo (violaciones a los derechos humanos) y obviamente hay que esperar el fallo de los tribunales, pero estoy de acuerdo", admitió la abogada y militante de Renovación Nacional, que actualmente es parte del gabinete de la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei (UDI), desempeñándose en asesorías de temas legales y de seguridad.
Estas declaraciones tuvieron lugar en el programa "Camino al Plebiscito" del canal de cable 24 Horas, durante un debate entre Martorell y el exdiputado Marcelo Díaz (Unir).
"¿Tú concuerdas conmigo que en el estallido social, bajo el Gobierno del que tú fuiste parte, hubo violación a los derechos humanos?", fue la pregunta de Díaz que motivó la frase de la ex subsecretaria.
Inmediatamente tras su respuesta, Martorell intentó salir del paso asegurando que "también hubo en los gobiernos anteriores".
🔴 ACABA DE PASAR ¿quien cae primero? Katherine Martorell, ex subsecretaria del delito acaba de RECONOCER que en su gobierno HUBO violaciones a los derechos humanos. @Mister_Wolf_0 pic.twitter.com/mBnFrY8C7b
— Felipe Anabalón 📡🌳 (@anabalonok) August 24, 2022
Las revueltas que comenzaron en octubre de 2019 dejaron más de una treintena de muertos y miles de heridos, señalamientos por violaciones generalizadas a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad por parte de Naciones Unidas y Human Rights Watch, además de episodios de violencia que llevaron a la Fiscalía a abrir más de 5.000 causas por delitos cometidos en las marchas.
Ayer, el Ministerio Público anunció que citará al general director de Carabineros, Ricardo Yañez, como imputado por eventuales delitos contra los derechos humanos cometidos por la institución durante la crisis.
