La senadora electa Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, víctimas de la violencia policial durante el estallido social de 2019, pidieron este jueves a las autoridades municipales de Santiago cambiar el nombre de la calle "Carabineros de Chile" por "Derechos Humanos".
"Es una pequeña reparación para nosotros las víctimas, para los familiares de los compañeros que hoy no están y que murieron aquí", comentó Campillai.
La calle se ubica a pocos metros de Baquedano, epicentro de las revueltas que estallaron en octubre de hace dos años.
La revuelta dejó una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia como saqueos, incendios y llamados por parte de la ONU y Amnistía Internacional Carabineros por violaciones a los Derechos Humanos.
Las imágenes de jóvenes con los ojos ensangrentados tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en el rostro dieron la vuelta al mundo.
"Es una calle con mucho dolor, que queremos comenzar a recuperar y que mejor que cambiándole el nombre para que ya no represente a todos estos violadores de derechos humanos que hasta el día de hoy nos siguen disparando", indicó la senadora electa por la Región Metropolitana.
Campillai perdió la vista, el gusto y el olfato en noviembre de 2019 cuando se dirigía a su trabajo y un carabinero le disparó una bomba lacrimógena al rostro.
LA JUSTICIA NO LLEGA
Gustavo Gatica, denunció que "la justicia no llega" y pidió "acelerar los procesos judiciales".
"Mi caso no es el único, a la mayoría de compañeras y compañeros que sufrieron trauma ocular ni siquiera se les inculpó a la persona que les disparó", añadió quien fue herido en noviembre de 2019 precisamente en esta calle.
En octubre pasado, la ONU pidió al Estado chileno en un duro informe "profundizar sus esfuerzos" para abordar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en las masivas protestas, que se desinflaron con la llegada de la pandemia.
"Valoramos los esfuerzos del Estado (...) Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición", subrayó el representante de ONU DD.HH. en América del Sur, Jan Jarab.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en la actualidad hay 3.072 querellas contra las fuerzas de seguridad, 136 agentes formalizados y solo sentencias condenatorias.
