La jueza australiana Margaret Quinn dejó vista para sentencia su decisión respecto a la petición de la otrora agente de la DINA, detenida en Sydney en febrero.
Los días 24 y 27 de mayo pasado, la defensa de Adriana Rivas alegó problemas de salud y la garantía de que no se fugará de Australia.
Este lunes una jueza australiana dejó vista para sentencia su decisión sobre la petición de libertad provisional de la chilena Adriana Rivas, cuya extradición solicita Chile por participar en siete secuestros calificados como desapariciones cuando era agente de la policía política durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La jueza Margaret Quinn, del Tribunal Local Central de Sídney, "fijó una vista especial para entregar su decisión el 18 de junio", dijo a Efe la abogada Adriana Navarro, quien representa a los familiares de las siete víctimas vinculadas al caso.
Rivas, que permanece en prisión preventiva, había pedido que se le concediese la libertad provisional tras su detención en Sídney en pasado febrero.
Durante dos vistas, los días 24 y 27 de mayo pasado, la defensa de Rivas alegó, entre otros argumentos, problemas de salud y la garantía de que la acusada no se fugará de Australia, tal y como había hecho en Chile.
Pero la Fiscalía rebatió dichos argumentos al alegar que Rivas, de 66 años, no visitaba con frecuencia al médico e incluso relató cómo huyó de Chile en una entrevista concedida a la Radio SBS Spanish de Australia.
"Eso no puede dar tranquilidad a la jueza", opinó la abogada de los familiares de las víctima, al insistir en que Rivas no ha presentado "una prueba rigurosa para que se le de la libertad provisional y es porque existe una presunción contra la libertad condicional".
Antecedentes
Chile pidió la extradición de Rivas en 2014 por su participación en siete secuestros calificados como desapariciones ocurridos entre 1974 y 1977, cuando era agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía política del régimen de Pinochet (1973- 1990).
Durante la dictadura, la acusada se convirtió en la mano derecha del director de la DINA, Manuel Contreras, uno de los principales criminales del régimen, que falleció mientras cumplía una pena de más de 400 años de prisión.
La acusada vive en Australia desde hace más de tres decenios, donde ha trabajado cuidando niños y limpiando casas.
En 2006 viajó a Chile para visitar a la familia y fue arrestada, aunque huyó nuevamente a Australia cuando se encontraba en libertad condicional.
Los testimonios de torturados destacan que Adriana Rivas era una persona despiadada en los interrogatorios que se realizaban en el cuartel Simón Bolívar, donde operaba la llamada Brigada Lautaro de la DINA, a la que pertenecía.
Según datos oficiales, durante la dictadura de Pinochet, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
