La víctima estuvo expuesta a reiterados golpes, insultos y la aplicación de corriente en su cuerpo por parte de funcionarios de Carabineros.
Los responsables lo obligaron a declararse miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
El Decimosexto Juzgado Civil de Santiago aprobó la indemnización de perjuicios por 50 millones de pesos que deberá pagar el Fisco a una víctima de torturas en un cuartel policial en octubre de 1988.
La magistrada Susana Ortiz aprobó el fallo tras establecer la responsabilidad del Estado ante los hechos constituidos como un crimen de lesa humanidad en contra de Álvaro Tapia Quijada por parte de agentes de la Tercera Comisaría de Carabineros en Santiago en 1988.
"No se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito de crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad", sostuvo el fallo, debido a la negación de los Derechos Fundamentales de la víctima.
En dicha ocasión, Tapia fue apuntado con un arma de fuego tras intentar escapar de un furgón policial, que posteriormente dio lugar al inicio de interrogatorios en el que fue golpeado, insultado y sometido a la aplicación de corriente en su cuerpo por parte de personal de Carabineros, quienes lo obligaron a declarar bajo amenaza que pertenecía al Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
