El segundo comandante de la misión de ONU en Haití pretende comparecer ante la Justicia para limpiar su honra y cerrar definitivamente la polémica sobre su hoja de vida militar.
El general de Ejército Eduardo Aldunate, vinculado por Carmen Soria al crimen de su padre, Carmelo Soria, llegó este lunes a Chile desde Haití con el claro objetivo de dejar establecido que no tuvo participación alguna en el homicidio del diplomático español y "limpiar su honra" ante los Tribunales de Justicia y las autoridades de Gobierno.
"Voy a hacer todas las declaraciones oportunamente y estamos muy bien y muy contento de estar acá", señaló el oficial.
Consultado si su viaje a Chile se debe a los cargos de que lo acusó Carmen Soria, comentó que "entre otras cosas" venía al país para transparentar el tema, aunque respondió con un escueto "sin comentarios, muchas gracias" al ser preguntado por su opinión sobre la denuncia.
Carmelo Soria fue asesinado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en 1976, integrantes de la denominada "Brigada Mulchén", a la cual un suboficial en retiro vinculó a Aldunate en una declaración judicial de 1993, la que no fue comprobada en el proceso.
Además, el Gobierno aclaró que Aldunate sólo fue parte de la Central Nacional de Informaciones (CNI) -organismo heredero de la DINA- por algunos meses en 1978, como parte de una destinación para realizar un curso de inteligencia.
Carmen Soria afirmó que el paso por la CNI de Aldunate lo convertía al menos en "encubridor" del asesinato del funcionario de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
El general Aldunate, actual segundo comandante de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), no descartó que se reúna con el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, para analizar el tema.
El caso Soria también tiene en estos días una arista política-judicial, pues tras el rechazo de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado al pago de una indemnización de 1,5 millones de dólares por parte del Fisco a la familia del hispano, ésta recurrió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para garantizar la cancelación del monto, al que el Estado de Chile se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la entidad continental. (Cooperativa.cl)
