Así lo mostró un informe entregado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
De ellos solo 117 están cumpliendo penas de presidio.
Solo 117 de los ex agentes de la dictadura están cumpliendo penas de prisión.
Un total de 1.373 antiguos agentes de la dictadura de Augusto Pinochet están en manos de la Justicia chilena en condición de procesados, acusados o condenados, informó este jueves el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
De ese total, 495 se encuentran como procesados, 216 en calidad de acusados y 662 están condenados, 180 de ellos en sentencia de primera instancia, 138 han sido condenados en segunda instancia por una Corte de Apelaciones y 334 por sentencia definitiva dictada por la Corte Suprema.
El informe precisa que de los 344 exagentes condenados definitivamente por la Corte Suprema, 163 recibieron una pena de presidio efectivo.
De esos 163, actualmente 117 se encuentran en prisión y los demás ya cumplieron sus condenas, murieron mientras las cumplían o poco antes de comenzar a cumplirlas, dijo el secretario ejecutivo del programa Sebastián Cabezas.
"Al primero de diciembre de 2015, 117 ex agentes se encuentran cumpliendo penas de presidio efectivo en las cárceles del país y de ellos, 110 lo hacen en Punta Peuco", dijo Cabezas.
El secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos añadió que "de estos 117 ex agentes que cumplen penas privativas de libertad, cinco de ellos lo hacen con beneficios intrapenitenciarios, ya sea en su modalidad de salida dominical o de fin de semana, y seis de ellos lo hacen con beneficio de libertad condicional al haber cumplido el porcentaje de la condena y los demás requisitos que establece la ley y los reglamentos".
Informe: 84 nuevas querellas en 2015
El informe añadió que durante este año, hasta el pasado 1 de diciembre, el Programa de Derechos Humanos presentó 84 nuevas querellas contra ex agentes, en representación de los familiares de 105 detenidos desaparecidos o ejecutados políticos.
Además, la institución es actualmente parte querellante en 942 juicios por un total de 1.762 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos (1.668 hombres y 94 mujeres).
Mientras, con el paso de los años se ha constatado el fallecimiento de 46 de 163 de los condenados a presidio efectivo por estos delitos.
El jefe del área jurídica del Programa de Derechos Humanos, Rodrigo Lledó, criticó las rebajas a las condenas de algunos de los agentes de la dictadura.
"Nos oponemos sistemáticamente no solo a la prescripción de la acción penal, que no procede en estos casos, sino que también a la llamada media prescripción que da una rebaja sustancial de condena y que es la que aplica en este momento la Corte Suprema para casos de ejecutados políticas, no así para detenidos desaparecidos. Estimamos que todas las víctimas son iguales y que esta distinción no puede hacerse", recalcó.
En tanto, desde la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos también rechazaron la distinción entre ejecutados y detenidos desaparecidos, asegurando además que la aplicación de la pena remitida no es justicia, como lo sostuvo la presidenta de la entidad, Alicia Lira.
"La media prescripción que termina en pena remitida y los victimarios no están ni un día en la prisión. Las penas son bajísimas, se mantienen las condenas altas a aquellos que eran de la DINA, como Álvaro Corbalán, (Miguel) Krassnoff, o los que murieron como Manuel Contreras o Marcelo Morén Brito, que van acumulando penas", dijo Lira.
"Pero aquellos victimarios que van en procesos nuevos lamentablemente se le aplica la pena remitida y eso para nosotros no es justicia", añadió.
Causas abiertas
Según datos de la Corte Suprema, al pasado 30 de noviembre había abiertas 1.048 causas vigentes por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
En ese período, según la información oficial, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 aún figuran como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 sufrieron la tortura y la prisión por causas políticas.
El área social del Programa ha prestado apoyo además a 1.036 familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y a 323 víctimas de otras violaciones a los derechos humanos, como exprisioneros supervivientes, exonerados y retornados del exilio.
También ha entregado respaldo a familiares de 80 víctimas en situaciones como entrega de osamentas, identificación de restos, traslados de restos, exhumaciones e inhumaciones.
