"No aparece como conveniente", expuso el ministro de Justicia, Luis Cordero, en respuesta a las solicitudes emanadas desde la Cámara Baja.
También sostuvo que, dada la ubicación geográfica del penal, "no es un lugar idóneo" para albergar a mujeres embarazas, como proponía un grupo de diputados oficialistas.
El Gobierno descartó que esté considerando cerrar la cárcel de Punta Peuco -abierta en 1995 para albergar a violadores de derechos humanos-, si bien el Presidente Gabriel Boric había reabierto la posibilidad en septiembre pasado, en vísperas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
La razón para no evaluar el fin del bullado penal es la sobrepoblación que viven los recintos penitenciarios comunes, expuso el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, en un oficio dirigido a la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC).
El secretario de Estado respondió así a las solicitudes emanadas desde a Cámara Baja, que en septiembre aprobó tres proyectos de resolución que pedían al Presidente Boric que cierre Punta Peuco y reubique a sus internos en penales comunes, como Colina I.
"Sin perjuicio de lo expuesto en el oficio que se remite, cabe hacer presente que, atendida la situación de sobrepoblación que actualmente enfrentan los establecimientos penitenciarios en todo el país, en concepto de esta Administración no aparece como conveniente impulsar medidas que impliquen el cierre de establecimientos o el traslado masivo de personas privadas de libertad entre distintos recintos penales", sostuvo Cordero en el escrito, de acuerdo con 24 Horas.
También desestimó la posibilidad de "abrir" Punta Peuco a presos comunes y destinarlo a reclusas embarazadas o con hijos pequeños, como propusieron diputados oficialistas.
"La ubicación geográfica del Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco no lo hace un lugar idóneo para la custodia de mujeres embarazadas y/o que permanezcan al cuidad de sus hijos lactantes", argumentó el ministro.
El penal, emplazado a 35 kilómetros al norte de Santiago, se construyó bajo el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) para el cumplimiento de penas de exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Su cierre ha sido una demanda reiterada de la izquierda a lo largo de los años y al final del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) estuvo a punto de concretarse, pero el ministro de Justicia, Jaime Campos, rehusó firmar el decreto respectivo.
