La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que las pensiones de gracia se pueden revertir vía decreto, aunque bajo el riesgo de enfrentar reclamos ante la justicia, una versión distinta que las declaraciones previas del Ejecutivo.
Al ser consultada sobre este tema, Tohá indicó que al ser el otorgamiento de éstas "un acto administrativo, así como se hace se puede deshacer, se pueden revertir en principio".
"El Presidente nos ha instruido que antes de tomar decisiones respecto a las pensiones ya entregadas, que al momento de entregarse las personas tenían antecedentes penales, tengamos un panorama claro de qué significa esto, porque puede haber personas con antecedentes penales no solo en las pensiones del estallido, sino que hay 18 mil pensiones de gracia, también lo puede haber en las otras pensiones", puntualizó.
"Entonces, lo primero que estamos haciendo es levantar una visión de cuán amplio es este problema", cerró.
Aunque la ministra mencionó la existencia de cerca de 18 mil pensionados de gracia, la revisión de los antecedentes apuntará a una muestra para constatar el panorama general
DERECHA EMPLAZA A REVERTIR PENSIONES
Aquello suscitó una rápida respuesta desde la oposición, donde el diputado Henry Leal (UDI) manifestó que "son bastante sorprendentes las declaraciones de la ministra Tohá, porque (anteriormente) nos han dicho en todos los tonos que no se podía, que se requería una ley".
"Si bien es una contradicción, yo valoro que el gobierno se esté dando cuenta que estaban equivocados y que la ministra reconozca expresamente que por la vía administrativa sí se puede hacer, y pese a que el gobierno no quería hacerlo, por presiones del Partido Comunista y del Frente Amplio, se están abriendo a hacerlo y el lunes la contralora yo creo que va a ratificar que sí se puede hacer por la vía administrativa", añadió.
El RN Andrés Longton consideró que "lo que dice la ministra Tohá es relevante y muy novedoso".
"Ahora el Gobierno nos señala que las pensiones de gracia, como veníamos sosteniéndolo, sí se pueden revertir. Por lo tanto, le pedimos al Gobierno que lo haga, independientemente de que eso se pueda judicializar. Pero lo que no se puede seguir sosteniendo es a delincuentes con recursos públicos todos los meses", emplazó el diputado.
Su colega Cristián Araya, de Republicanos, conjeturó que "resulta evidente que el Presidente Gabriel Boric no quiere quitarle en forma rápida las pensiones de gracia a criminales, asesinos, agresores de Carabineros y otro tipo de delincuentes peligrosos".
"Esperamos que de una vez por todas el Presidente de la República rectifique la dirección. No puede seguir financiando a criminales con la plata de todos los chilenos", insistió.
DIPUTADA, EXDIRECTORA INDH, RECHAZA RETIRAR PENSIONES A VÍCTIMAS DE DDHH
Sin embargo, la diputada Lorena Fries (Convergencia Social), otrora directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos -órgano encargado de calificar a víctimas de vulneraciones a los DDHH-, afirmó que "si son pensiones de reparación, (el hecho de) que tengan o no tengan antecedentes penales da lo mismo, porque aquí el victimario (el Estado) es el que incumple al haber violado los derechos humanos".
"La víctima no es la que defrauda. Entonces, haciendo esa salvedad, se pueden modificar hacia adelante los requisitos, pero no debiera tener efecto retroactivo respecto a las víctimas de derechos humanos", recalcó.
Por su parte, la diputada Claudia Mix (Comunes) apuntó que "si estamos hablando de generales recursos del Estado y que, en definitiva, el debate está en si son delincuentes o no, bueno, tenemos pensiones millonarias de violadores de los derechos humanos y nadie pone en la palestra debatir sobre sus pensiones".
En la Cámara de Diputadas y Diputados se tramita un proyecto, refundido a partir de tres iniciativas impulsadas por la derecha -luego de la polémica similar que hubo en septiembre del año pasado-, a fin de impedir la concesión de pensiones de gracia a quienes registren antecedentes o condenas penales, y limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en la entrega de la misma.
El Ejecutivo, que recientemente acusó recibo de la necesidad de modificar el procedimiento respectivo, ingresó indicaciones para revertir e invalidar las pensiones de gracia a quienes, una vez que se les otorgó la pensión de gracia, cometan delitos; y establecer como requisito la revisión de los antecedentes para el otorgamiento de éstas, pero sin prohibir su entrega en esos casos. Todo ello a futuro y no de manera retroactiva, es decir, que las que ya fueron entregadas no se tocarán, precisión que Longton tachó esta semana de "indignante y una provocación".
La Comisión de Seguridad de la Cámara Baja invitó para el próximo lunes a la contralora subrogante, Dorothy Pérez, con el fin de que entregue una opinión jurídica al respecto.
