A menos de tres meses de dejar el poder, la Presidenta Michelle Bachelet dio a conocer este viernes el primer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH), correspondiente para el periodo 2018-2021, que en gran medida tendrá que implementar la próxima administración del Presidente electo Sebastián Piñera (2018-22).
El plan fue elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, en colaboración con Ministerios y Servicios asociados, y órganos autónomos del Estado, durante este año.
"Este plan, que tiene una vigencia de cuatro años, no busca hacer la tarea de un Gobierno, sino de un Estado, apuntando al diseño e implementación de las políticas orientadas al respeto, protección y promoción de los derechos humanos", destacó la Mandataria en la ceremonia, realizada en el Patio de Los Naranjos, en el Palacio de La Moneda.
De entre las más de 500 acciones que compone el texto, destaca que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá ejecutar un Plan Nacional de Búsqueda y Destino Final de Detenidos Desaparecidos, y creará un Registro Nacional de Víctimas calificadas de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos en dictadura.
Además, el Ministerio de Defensa deberá estudiar las alternativas para -considerando que las leyes no pueden tener un efecto retroactivo- dejar sin efecto los beneficios asociados al grado de los miembros de las Fuerzas Armadas condenados por crímenes de lesa humanidad.
"El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos promoverá la creación de una comisión calificadora permanente para el esclarecimiento de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. El Ministerio de Defensa estudiará las alternativas para, considerando que las leyes no pueden tener efecto retroactivo, dejar sin efecto los beneficios asociados al grado de los miembros de las Fuerzas Armadas condenados por crímenes de lesa humanidad", explicó la Mandataria.
Ministro Campos: Próximo Gobierno debe ejecutar plan
Sobre las garantías de que este plan elaborado por el Gobierno en ejercicio sea implementado de la misma forma por la próxima Administración, el ministro de Justicia, Jaime Campos, sostuvo que "si la ley obliga a entregar el plan y el Gobierno, a través de un acto de la potestad reglamentaria, como es un decreto supremo, lo dicta, obviamente que cualquiera que sea el Gobierno tiene que ejecutarlo".
"Ahora, si él (Piñera) lo quiere modificar, tendrá que dar sus razones y tendrá que dar un nuevo decreto, pero esas son conjeturas", indicó.
Punta Peuco: INDH pide nivelar condiciones de todos los penales
En el acto no estuvo presente ningún representante de la actual oposición y tampoco se mencionó un posible cierre del penal Punta Peuco.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, reconoció que la existencia de esta cárcel "causa indignación a las víctimas de las dictaduras".
"El penal Punta Peuco es una cárcel que tiene muchas mejores condiciones que otros penales y eso, por supuesto, causa indignación. El enfoque, más que cerrar el penal, es nivelar las condiciones de vida de todos los penales del país y el estándar y el objetivo sea Punta Peuco", indicó.
Marelic planteó que también "se puede pensar, de alguna forma, que Punta Peuco pueda recibir otro tipo de población penal, pero eso es una decisión de la autoridad penitenciaria".
